El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán ante la justicia argentina, en concreto ante el Juzgado de instrucción número 27, regentado por el juez Alberto Baños, quien le tiene imputado, junto a Gonzalo Pascual y Antonio Mata Ramayo, entre otros, por presunta administración fraudulenta en la gestión de Aerolíneas Argentinas (ARSA). La causa es el correlato argentino del sumario que se sigue en España, en el juzgado 35 de Madrid, donde los ex propietarios de Marsans están imputados por desvío de fondos públicos y delito fiscal.
El caso ARSA ha constituido la primera odisea judicial de Pascual y Díaz. El asunto es sencillo: El Gobierno Aznar regaló Aerolíneas Argentinas, propiedad de la SEPI a Marsans, por un euro y además le dio 800 millones de euros para pagar deudas y reflotar la compañía. Tras años de investigación judicial existen serias dudas sobre el destino del dinero. Al final, el Gobierno argentino expropió ARSA y ahora, Ferrán y Díaz se enfrentan a un juicio en Madrid y otro en Buenos Aires.
Con un matiz importante: de juntarse ambas causas el destino de los Hombres G, sería poco feliz. Por ejemplo, si a Ferrán le preguntasen por los más de 30 millones de dólares presuntamente desviados de una cuenta del Deutsche Bank de Málaga o por el sobrepago y desvío de otros 20 millones de la misma moneda en dicha cuenta para pagar deudas de Aerolíneas con la firma Orix Corporation de Japón.
Debemos saber que tanto él como Gonzalo Pascual, debieron ofrecer contra cautela por unos 250.000 dólares ante la justicia argentina para ser eximidos de prisión, ya que el juez tiene procesalmente la posibilidad de detenerlos en forma inmediata o resolver sus situaciones procesales en el plazo de diez días.
En estos momentos, en Argentina, Aerolíneas se ha convertido en campo de batalla política, acerca de si ARSA debe seguir en la esfera pública o privatizarse. Los opositores argentinos afirman, que la gestión privada de Marsans resultó más eficiente que la pública. Habría que recordarles que, desde la llamada primera privatización, en los años 90, Aerolíneas perteneció a la entonces estatal española Iberia, luego a la SEPI que, como hemos dicho, se la regaló a Marsans por un euro y 800 millones más de euros como subsidio, dinero del cual estima el fiscal de delitos económicos que se desconoce el destino, a día de hoy, de 515 millones. A pesar de esas ayudas del Estado español, la gestión de Marsans dejó a la empresa con un pasivo de 1.000 millones de dólares la única privada y con balances deficitarios, teniendo que expropiarla el Estado argentino, luego de desembolsar el Tesoro público español más de 3.000 millones de dólares.
Eulogio López
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