El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, está empeñado en conseguir un funcionariado eficaz, motivado, al servicio del ciudadano del siglo XXI. Un noble intento en el que de momento ha conseguido un preacuerdo con las centrales sindicales. No ha sido difícil porque Sevilla se lo ha ofrecido todo. Por una parte, ha propuesto un complemento de productividad que permita primar a aquellos servidores públicos que demuestren mayores tasas de productividad.
Se trata de importar el modelo de empresa de remuneración en función de la productividad. Aunque para que nadie se enfade, Sevilla recuerda que debe de entenderse en positivo, no en negativo. Es decir, nadie dejará de cobrar menos. En resumen: el Gobierno pone más dinero encima de la mesa para remunerar a los más eficientes y los que aporten mayor valor social. Está por ver que como siempre- este complemento de productividad no se termine convirtiendo en un complemento lineal ante la dificultad de medir la productividad de la función pública. Además, romper con la cultura del café con leche para todos no es tan fácil, aunque las centrales sindicales se muestran esperanzadas en que se pueda lograr una remuneración más eficiente.
La segunda pata de la negociación es la temporalidad. Sevilla quiere acabar con los 600.000 contratos de interinidad que existen actualmente en la administración. Y para ello, se ha comprometido a realizar concurso públicos para consolidar las plazas. Lo que tanto gobierno como sindicatos parecen olvidar es que la mayoría de los interinos lo son porque no aprobaron sus respectivas oposiciones. Primar la permanencia en interinidad por encima de la cacareada meritocracia quizás no resulte lo más razonable.
Por último, Sevilla quiere establecer una carrera profesional más clara y un régimen disciplinario más transparente. En definitiva, pretende acabar con la cultura de la plaza en propiedad para toda la vida y con independencia del desempeño. Para eso quiere establecer un régimen disciplinario más duro. No se podrá despedir, pero sí degradar con más facilidad que hasta ahora. Y aquí es donde probablemente termine chocando con los sindicatos que recuerdan a quien les quiera oír que lo firmado este miércoles no es más que un preacuerdo. Estamos en el inicio de las negociaciones, señalaba a este cronista uno de los sindicalistas responsables de la negociación.
Y el camino será largo, duro y difícil, porque todavía tiene que pasar por el tamiz de la calculadora del vicepresidente económico. Y conviene recordar que Pedro Solbes ya desautorizó a Sevilla cuando anunció la prejubilación de los funcionarios para rejuvenecer la función pública. Porque lo que todavía no ha explicado Administraciones Públicas es cuánto costará el Estatuto del Funcionario propuesto. O sea, la memoria económica, pequeño detalle. Tras negociar con los sindicatos, Sevilla deberá vender su proyecto a Solbes. Apasionante duelo.
Luis Losada Pescador
