La retirada de los anuncios de RTVE para dejar su parte del pastel al oligopolio implicaba obligar a las telecos a financiar mediante un impuesto especial a la Corporación. Para la Comisión Europea semejante impuesto podría contravenir la normativa comunitaria, ya que limita las inversiones de las operadoras y acaba perjudicando a los clientes (a quienes se repercutiría finalmente el coste del nuevo modelo de financiación)
El primer expediente abierto por la Comisión ponía bajo la lupa la otra parte de la financiación de RTVE, la pública. A Bruselas le preocupó en su momento si las ayudas públicas respetaban la norma europea.
El modelo fue copiado de Francia, pero la Comisión Europea también expedientó a los galos por las mismas razones; el impuesto a las operadoras sólo podría financiar costes administrativos, según se señaló desde Bruselas.
El nuevo expediente cuestiona hasta tal punto la Ley de Financiación aprobada en 2009 que podría acabar en los tribunales si no se da marcha atrás al modelo.
