- Con aval del Estado, claro, y a muy largo plazo.
- No es un banco malo y las cédulas podrían presentarse como un proyecto sin coste para el contribuyente, sólo que es mentira.
- El ministro De Guindos apoya la moción; Rajoy no: prefiere que Bankia se fusione.
- El problema es que ni Santander, ni BBVA ni Caixa aceptan ceder sus presidencias a Rato. FG, menos que nadie.
- Además, el Gobierno insiste en imponer beneficio cero a la banca.
- La única duda es si da tiempo a aplicarlo contra el ejercicio 2011.
- El gobernador MAFO se rinde: la reforma bancaria la hará el Gobierno. Eso sí, no dimite.
Rodrigo Rato afrontó un problema de magnitud cuando se puso al frente de la fusión de siete cajas de ahorros, entre otras la segunda y la tercera, Cajamadrid y Bancaja, esta última en dificultades por su cartera inmobiliaria. Sólo en promoción inmobiliaria, en el momento de la fusión, Bankia poseía 84.000 millones de euros en créditos, muchos de ellos, sobre todo los procedentes de Bancaja, de alta morosidad cuando no fallidos.
Y esto quiere decir una cosa: que si alguien necesita el banco tóxico público es Rodrigo Rato.
Ocurre que Mariano Rajoy, para sorpresa de todos, incluidos sus ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Economía, Luis de Guindos, ambos en su momento subordinados de Rato, advirtió que el saneamiento bancario no debería costarle un euro a los contribuyentes. Loable decisión que veremos si es capaz de mantener.
Decisión que, además, pone a Rodrigo Rato contra las cuerdas. Por eso, el presidente de Bankia busca otro tipo de ayudas, algo que pueda disfrazarse como reforma bancaria sin coste para el erario público. Se trataría de lo siguiente: lanzar una superemisión, o superemisiones, de cédulas hipotecarias a largo plazo, con aval del Estado y con referencia, naturalmente, en las carteras crediticias morosas de los bancos.
Digo que puede disfrazarse como proyecto de saneamiento sin coste para el Estado por cuanto el vencimiento a largo plazo permite augurar que el precio del referente –suelo e inmuebles- iría recobrándose con el paso de los años –de los lustros- y de esa forma el banco, o en su caso el avalista, podría recuperar parte del dinero perdido con la venta de suelo y pisos.
Ahora bien, en primer lugar una emisión de esas características contaminaría la deuda pública española (podemos estar hablando de más de 50.000 millones de euros) con lo que la prima de riesgo (¿por qué no volvemos a llamarla riesgo-país a la tal prima?) subiría. Y, en cualquier caso, las emisiones de cédulas no harían otra cosa que inflar la burbuja.
Naturalmente, Rato quiere un paraguas colectivo para que no parezca que es un trato de favor del Gobierno a Bankia. Es decir, que las emisiones cubran la cartera inmobiliaria morosa de todas las entidades. De acuerdo, pero los analistas aplicarán un descuento a cada banco, según la diferente calidad de sus activos.
Y naturalmente, otros bancos, como, se niegan: dicen que eso es premiar a Santander o BBVA los malos bancos.
Y todo esto, dentro de la reforma bancaria que De Guindos debe tener preparada para el 15 de febrero. En pocas palabras se trata de una exigencia de provisiones muy superior a la actual. Que cada palo aguante su vela. Eso pasa por el beneficio cero –o dividendo cero- y dedicar todo el excedente a comisiones, ahora bien, el dilema es si aplicarlo en 2011 o en 2012. En principio se planteaban realizar el ajuste, de una sola vez y para siempre (one-off cost). Ahora bien, los juristas no se ponen de acuerdo: si se aplica a 2011, con algunas cuentas ya cerradas, podríamos estar hablando de efecto retroactivo. El saneamiento urge, ciertamente y no conviene esperar a 2012.
En cualquier caso, a Rajoy no le gusta la idea de las cédulas. Sigue habiendo aval público por medio, es decir, dinero del contribuyente. Su solución para Bankia, y para cualquier otra entidad en dificultades, es que sean absorbidos por otro banco mejor. Ahora bien, ni Emilio Botín, ni Francisco González –éste menos que nadie, a pesar de ser el banquero del Gobierno y el hombre al que Rato hizo banquero- ni Caixa quieren ceder la presidencia de la entidad fusionada a don Rodrigo.
Por último, la reforma bancaria ha dejado de ser cosa del Banco de España. El gobernador Fernández Ordóñez se rinde. No dimitirá, pero los banqueros que le piden noticias sobre la reforma salen del caserón de Cibeles, desde hace ya un tiempo, con la misma respuesta: "espera a ver lo que dice el Gobierno”.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com