El Tribunal Supremo ha inadmitido las 20 querellas y 30 denuncias presentadas durante la pandemia contra el Gobierno por su gestión durante la crisis de la COVID-19 al considerar que "no está debidamente justificada" la autoría de los hechos que se atribuyen a los miembros del Ejecutivo, recoge RTVE.

La Sala II del Tribunal Supremo ha tomado esta decisión tras debatir sobre las denuncias y querellas que en los últimos meses han presentado distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y Vox contra el Gobierno por su gestión durante la crisis de la COVID.

Sin embargo, ha acordado remitir las 20 querellas y 30 denuncias a los juzgados ordinarios para que se incoen las causas penales que correspondan o se acumulen a las que ya están siendo o han sido tramitadas. En especial, pide a los juzgados ordinarios investigar las muertes en residencias de la tercera edad, "en la eventual omisión de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías", y sobre una posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia, explica RTVE.

Los magistrados señalan que cuando las diligencias que practiquen esos juzgados evidencien la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado, será el momento de que el juez de instrucción, en su caso, eleve una exposición razonada sobre ellos al Supremo, añade La Razón.

El alto tribunal considera que sería prematuro admitir ahora a trámite las querellas contra miembros del Gobierno, a los que, por el momento, exime de responsabilidad penal

De esta forma, la Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena se inclina por desmarcarse de la postura de la Fiscalía que se opuso de plano a investigar cualquier aspecto de la gestión de la crisis sanitaria y pidió el archivo de todas las querellas interpuestas contra el Gobierno en un informe de 300 folios firmado por el hasta ahora teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, explica El Mundo.

Las fuentes consultadas explican que la conclusión a la que llega el Supremo es distinta a la del Ministerio Público. El tribunal considera que sería prematuro admitir ahora a trámite las querellas contra miembros del Gobierno, a los que, por el momento, exime de responsabilidad penal, cuando los hechos que han sido denunciados no se han investigado mínimamente por la Justicia ordinaria, añade El Mundo.

Por el contrario, la Sala entiende que las investigaciones deben ser agotadas por los respectivos juzgados de instrucción -de ahí que vaya a acordar la remisión de las querellas- y que sólo, cuando de esa investigación se deriven indicios reforzados contra un aforado, será cuando el Alto Tribunal deba analizar y responder a si se debe abrir, o no, una causa penal contra uno o unos determinados miembros del Gobierno, afirma también El Mundo.