A Irene Montero se le ha dado la vuelta el argumento de la discriminación y ha tenido que dar marcha atrás en un contrato público para cubrir los servicios del 016, el telefono de de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

Según publica El Confidencial, una de las empresas concurrentes denunció ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que en los pliegos existía una discriminación por razón de género, ya que se exigía que el personal adscrito fueran mujeres y no varones.

Desde Igualdad aseguran que el servicio del 016 es el de atención integral a víctimas de violencia de género, "que según todos los expertos es recomendable que sean atendidas por mujeres especializadas en esta materia. Señora Montero, recomendable no es obligatorio. 

Según las claúsulas del concurso público, la empresa adjudicataria aportaría 15 operadoras, ocho psicólogas o trabajadoras sociales y ocho asesoras legales. Del total de los puestos -33- sólo podían ser cubiertos por mujeres 31. Es decir, restaban 2 para varones. 

Para el tribunal, la redacción de los pliegos vulneraba "nuestro orden constitucional, así como los artículos 1 y 126 de la LCS. En consecuencia, en tales extremos, los pliegos de la contratación son nulos de pleno derecho".