El expresidente peruano Alberto Fujimori fue llevado el miércoles a una clínica de Lima por una afección cardíaca, horas después de que un juez de la Corte Suprema anulara su indulto para que siga cumpliendo una condena por violaciones a los derechos humanos, publica Reuters.

Ante lo que consideró “irregularidades”, como la designación del médico de Fujimori en la junta que recomendó su libertad, el magistrado Hugo Núñez aceptó el pedido de anulación de familias de víctimas de delitos contra los derechos humanos, asegurando que el exmandatario sufre una enfermedad “no terminal grave” y no urge liberarlo.

Fujimori fue indultado cuando había cumplido alrededor de la mitad de una condena de 25 años

Fujimori, de 80 años, fue indultado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a fines del año pasado cuando había cumplido alrededor de la mitad de una condena de 25 años. La medida generó entonces celebraciones entre sus simpatizantes y reclamos de sus detractores que quieren verlo en la cárcel por delitos de lesa humanidad.

La decisión del magistrado de la Corte Suprema fue apelada por el abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, quien solicitó al tribunal suspender la orden de captura del expresidente por “un inminente riesgo de muerte súbita en caso de reingresar a un establecimiento penitenciario”. Keiko Fujimori, hija del exmandatario y líder del principal partido opositor Fuerza Popular, calificó el fallo como un acto de “persecución y ensañamiento” de sus enemigos políticos.

Keiko Fujimori, hija del exmandatario, calificó el fallo como un acto de «persecución y ensañamiento»

“Es extremadamente doloroso saber que un juez le ha quitado la libertad a mi padre señalando que porque no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario”, dijo Keiko entre lágrimas a periodistas al llegar a la vivienda de su padre.

Legisladores de Fuerza Popular -que domina el Congreso- calificaron como una “venganza política” la anulación del indulto a Fujimori, mientras portaban carteles en el Parlamento que decían “Basta de odios”, “No más rencores”, en momentos en que debaten reformas políticas y judiciales del gobierno.

Los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta (1991) y Barrios Altos (1992), en los que murieron 25 personas, solicitaron en julio a la justicia la revocación del indulto, depués de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera plazo hasta fines de octubre para que la justicia peruana tomara medidas.