- El Ministerio de Cultura otorga las subvenciones a las productoras de cine en función de una combinación de parámetros que valoran la inversión realizada, su recaudación y, básicamente, la cifra de espectadores.
- El fraude consiste en sobredimensionar falsamente las taquillas y entradas de espectadores para aparentar que el filme reúne los requisitos.
- Muchas salas habrían falseado las cifras de espectadores y de recaudación para "obtener subvenciones" del Gobierno.
- Los beneficiarios de las ayudas son las productoras, de ahí las supuestas connivencias entre los diferentes escalones del negocio.
- El monto del fraude no está aún cuantificado, pero fuentes jurídicas sostienen que puede ser elevado.
El País ha informado hoy lunes de un supuesto fraude millonario en las subvenciones que otorga el
Ministerio de Cultura a las productoras españolas de películas. El caso está siendo investigado por cuatro juzgados de Madrid.
Cultura otorga las subvenciones en función de una combinación de parámetros que valoran la inversión realizada, su recaudación y, básicamente, la cifra de espectadores. "Para cobrarla hace falta un mínimo de 60.000 espectadores, o 30.000 si la película es en lengua no castellana", confirmó
José Manuel Bernabé, que ha sido secretario general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura y el organismo que supervisa las ayudas. Las salas de cine están obligadas a facilitar los datos de recaudación y espectadores al ICAA.
El fraude consiste en
sobredimensionar falsamente las taquillas y entradas de espectadores para aparentar que el filme reúne los requisitos que establece la normativa que regula las subvenciones y obtener así ayudas que pueden alcanzar los 1,5 millones de euros, según un informe remitido por Cultura a la fiscalía y al que ha tenido acceso ese periódico.
Según acredita el informe de Cultura, incorporado a los distintos sumarios, muchas salas falsean las cifras de espectadores y de recaudación para "obtener subvenciones" del Gobierno. Los beneficiarios de las ayudas son las productoras, de ahí las supuestas connivencias entre los diferentes escalones del negocio.
Solo en 2012, Cultura sospechó de la veracidad de los datos facilitados por exhibidores de 38 de los 74 filmes que pidieron ayudas. Las pesquisas judiciales salpican a productoras, distribuidoras y salas de cine de toda España.
El monto del fraude no está aún cuantificado, pero fuentes jurídicas sostienen que puede ser elevado dado que los requisitos supuestamente trampeados para acceder a las ayudas tienen soporte legal desde hace muchos años.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
