- Ya ha encargado un informe a Competencia para refacturar a los 13 millones de consumidores de la tarifa regulada.
- La decisión sigue a la sentencia del Tribunal Supremo, que ha dado la razón a Iberdrola y Gas Natural Fenosa.
- Y llega a sólo un mes de las elecciones generales, lo que entrega el muerto al próximo Gobierno.
- Las quejas eran dos: la ausencia de retribución razonable y de una metodología para establecer el cálculo.
- El margen para las comercializadoras eléctricas supone unos ingresos anuales 280 millones. Todo apunta a que subirá.
El
Ministerio de Industria no le queda otra que envainar (o rectificar, como prefieran, que suena más delicado) en el margen de comercialización que había fijado para los consumidores de
tarifa regulada, lo que implicará refacturar la luz -no está claro cómo- nada más y nada menos 13 millones de hogares y con efecto retroactivo. Ese margen es uno de los que figura en la factura eléctrica que llega a las casas.
Es la consecuencia directa de las dos sentencias del
Tribunal Supremo en las que admite los recursos presentados por
Iberdrola y
Gas Natural Fenosa (GNF), como ha informado este miércoles el diario
Cinco Días.
Explicado de un modo sencillo. Industria había establecido por real decreto un pago de 4 euros al año por kilovatio de potencia contratada. Eso pasó en marzo de 2014 y se empezó a aplicar a partir del 1 de abril de ese año. Ese margen representa 280 millones de euros en el conjunto del sector al año.
Dos meses más tarde, Iberdrola y GNF recurrieron ante el Supremo, básicamente por dos razones. En primer lugar, por la ausencia de una
retribución razonable. Las eléctricas consideraron que el cálculo era muy bajo o insuficiente, en cualquier caso, para cubrir los costes reales. Y en segundo término, porque Industria no introducía en el decreto una
metodología a la que agarrarse para establecer ese cálculo. Vamos, que se fijaba en 4 euros, pero ¿por qué no en 3 o en 7?
Iberdrola y GNF recurrieron dos meses después del decreto del Gobierno, en mayo de 2014, y ahora el Supremo les ha dado la razón.
En suma, Industria tendrá que subsanar los dos
errores que cometió Soria por las
prisas con las que diseñó lo que se conoce como sistema
PVPC (precios de venta al pequeño consumidor), el que sustituyó a la tarifa de
último recurso (TUR), sin que ello perjudique la obligación de
servicio público.
Industria ya ha puesto a trabajar en el
marrón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (
CNMC), a la que ha pedido un informe sobre los costes para establecer un nuevo margen de comercialización y con qué metodología.
Las dos cosas son importantes. Y con ese nuevo margen, se deberá refacturar a los 13 millones de consumidores de la tarifa regulada con
efecto retroactivo; es decir, desde que entró en ese sistema (abril de 2014).
Ojo, la decisión del Supremo llega
a un mes de las elecciones generales y el Ministerio de Industria tiene ahora un plazo de dos para establecer un nuevo margen de comercialización. En suma, la
chapuza regulatoria tendrá que subsanar el mismo Soria, si gana el PP, o un nuevo titular de Industria.
No es la primera vez que el Ministerio de Industria ha tendido que refacturar masivamente por decisión de los tribunales.
Miguel Sebastián ya pasó por esa
prueba. En la etapa socialista. En concreto, sobre los consumos por los descensos de los peajes imposibles por ley.
Aunque el Supremo no concreta, en buena lógica, cuál debe ser el nuevo margen de comercialización, todo apunta a que será mayor que los 4 euros actuales. Para las eléctricas, por tanto, es una noticia positiva. Otra cosa es el
impacto real. Pero sólo un dato: teniendo en cuenta que ese margen representa actualmente 280 millones, una subida del 50% serían 140 millones.
Es posible que ese impacto, por tanto, a la espera de en qué se concreta, sea más mediático que real para las cinco comercializadoras de referencia (en pérdidas).
Rafael Esparza
rafael@hispanidad.com
