Según publica Cronicaglobal de El Español, el Ayuntamiento de Barcelona y, más en concreto, los comunes, emprendieron hace meses una ofensiva contra los medios críticos. El consistorio, bajo la batuta de su alcaldesa, Inmaculada Colau, está inundando de burofaxes a Crónica Global y Metrópoli Abierta en lo que ha convertido en una especie de táctica para tratar de amedrentar a los periodistas que publican informaciones que fiscalizan su gestión.

La publicación continúa explicando que con el objetivo de agilizar e incrementar estas acometidas contra los críticos, acaba de firmar un decreto por el que delega en los concejales de cada área las solicitudes de rectificación que convengan contra “noticias falsas, inexactas o desinformadoras” -¿no les recuerda a la figura de los verificadores de Newtral o Maldita?-.

El ayuntamiento inició esta ofensiva en 2019, a raíz de la publicación de que algunas grandes compañías habían dejado de repartir en ciertas zonas de Barcelona por la inseguridad en las calles (Amazon, MRW y Seur dejan de repartir en zonas de Barcelona por la crisis de seguridad). Ocurrió a finales de agosto, y aunque Ada Colau se encontraba de vacaciones utilizó sus redes sociales para negar la mayor (aunque sin citar al medio), algo que ha repetido en otros momentos. Llegó entonces la solicitud de rectificación por tratarse de una supuesta información “falsa”, según el consistorio. El caso terminó en los tribunales, y la Audiencia Provincial ha dado la razón a Crónica Global. El Ayuntamiento, además, pagará las costas. 

El tiro por la culata.