• La Comisión Europea señala que dichas ayudas son ilegales y van en contra de los tratados de la UE.
  • Son ayudas para sufragar el Servicio Postal Universal y servicios postales electorales, exención en IBI e Impuesto de Actividades Económicas, entre otras.
  • El Gobierno y las entidades afectadas tienen un mes para presentar sus alegaciones.
  • Bruselas pone pegas a España por el Servicio de correos y ni una palabra a Francia por sus empresas públicas.
Bruselas lleva desde el año 2014 detrás de Correos y de las ayudas estatales (es decir, de las subvenciones) que recibe. Y ahora parece que ha encontrado lo que buscaba, pues las ha impugnado. En el Boletín Oficial de la UE del 12 de abril, la Comisión Europea señala que inicia un procedimiento de investigación formal contra nuestro país. ¿La razón? El Gobierno ha concedido ayudas estatales a Correos que son ilegales, pues van en contra de los tratados de la UE en materia de comercio interior y libre competencia. En concreto, se trata de subvenciones concedidas para sufragar el Servicio Postal Universal (SPU) y servicios postales electorales. Pero también de la exención de pago del IBI y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), así como las ayudas en la gestión del régimen social de funcionarios. Bruselas ve indicios suficientes para considerar que las ayudas para sufragar el SPU exceden el coste real del servicio. Apunta que entre 2005 y 2006, el beneficio de explotación de Correos superó "el nivel máximo de beneficio razonable de referencia", por lo que podía haber cubierto la totalidad de los costes del SPU, sin necesitar ayuda del Estado. Además, critica que el nivel de dicha compensación no se determinara sobre "la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada dentro del mismo sector habría soportado". Respecto a la exención del pago del IBI y el Impuesto de Actividades Económicas, la Comisión es bastante clara. De hecho, considera que estas exenciones son ilegales, pues no pueden acogerse a ninguno de los supuestos previstos en las leyes comunitarias. Pero Correos tampoco paga las cotizaciones de parte de sus trabajadores por ser funcionales, algo que también es ilegal y perjudica a los competidores de dicha empresa, que sí tienen que abonarlas. Al hilo de las subvenciones de los servicios postales electorales, Bruselas explica que el Estado puede ayudar a cubrir la gestión del voto por correo. Pero ¡ojo! dicho servicio público no incluye la distribución de la propaganda de los partidos. Ahora la Comisión concede un mes al Gobierno y a las entidades afectadas para que presenten sus alegaciones. Asimismo, recuerda que todo exceso de compensación económica que vaya en contra de las normas puede ser reclamado. De todas formas, tiene gracia que Europa, por ejemplo Francia, esté llena de empresas públicas y que Bruselas ponga pegas a España por subvencionar el servicio de Correos. Cristina Martín cristina@hispanidad.com