Como se recordará, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cree que es el Tribunal Supremo el que tiene que decidir sobre la suspensión de los diputados independentistas presos puesto que "es el órgano que está enjuiciando las conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer" y ayer instó al Supremo a "aclarar" el alcance del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la suspensión automática como cargo público de aquellos procesados en prisión provisional por rebelión.

Pues bien: en un breve escrito de apenas dos párrafos, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, ha respondido a la presidenta del Congreso que en su auto del 14 de mayo -en el que rechazó su puesta en libertad y la suspensión del juicio del 'procés'- ya expuso que el propio reglamento del Congreso contempla la suspensión de sus integrantes cuando se encuentran en la situación en la que están el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y que así se le trasladó "a los efectos procedentes", informa RTVE.

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Marchena rechaza elaborar este informe argumentando que "la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable" su elaboración. "De ahí la necesidad de limitarnos a reiterar lo que ya fue razonado en nuestro auto de 14 de mayo de 2019, debidamente comunicado" a la presidenta del Congreso "mediante oficio de la misma fecha".

"A lo allí expuesto nos remitimos", añade en su respuesta a Batet el tribunal, que subraya que "la causa penal va a seguir su curso" y que es misión de la Sala Segunda "salvaguardar los fines del proceso".