Como se sabe, Eduardo Zaplana, ex ministro del PP y presidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002, fue detenido ayer en Valencia por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una investigación por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación y prevaricación. En la denominada Operación Erial, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción, fueron detenidas otras seis personas. Además, han sido imputados el exdirector de la Policía y vicepresidente autonómico Juan Cotino y la mujer de Zaplana, Rosa Barceló.

La investigación rastrea el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana. Dichas comisiones se habrían ocultado en paraísos fiscales y retornado a España recientemente.

Los agentes de la Guardia Civil se personaron ayer en dependencias de la Consejería de Economía de la Generalitat y solicitaron toda la documentación disponible sobre el proceso de privatización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) iniciado en 1997 por el Gobierno de Zaplana, así como los contratos de adjudicación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, que arrancó en 2001.

Las sospechas se centraron en los contratos que se adjudicaron a las empresas Servicios de Excavaciones y Sedesa, ambas propiedad de la familia Cotino, dos de cuyos miembros, los hermanos Vicente y José, fueron detenidos.

El PP acordó suspender de militancia a Zaplana tras su detención

El PP acordó suspender de militancia a Zaplana tras su detención. Una medida que será cautelar mientras avanzan las investigaciones. De igual modo, Telefónica ha suspendido "con carácter inmediato" su relación laboral con Zaplana. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se manifestó respecto a la detención del exministro: "Que actúe la Justicia, que es lo que tiene que hacer". Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, consideró "una mala noticia" la detención de Zaplana. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostró "sorprendido" y subrayó la respuesta rápida del partido.

Por otra parte, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha sido citado a declarar en un juzgado de Jaén como investigado por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad, por contratos de la época en la que fue alcalde de Jaén. La investigación judicial se inició a raíz de una querella presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jaén y fue incoada en diciembre de 2017 en el Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad.

José Enrique Fernández de Moya indicó ayer que la causa penal por la que ha sido citado a declarar se refiere a su etapa al frente del Ayuntamiento de Jaén, y que ya "fue archivada por la Fiscalía Provincial en abril de 2014". Defendió que este archivo se hizo porque se consideró que actuó en todo momento "con el principio de legalidad en la mano".

El PSOE pidió la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique la situación en la que se encuentra su secretario de Estado tras haber sido llamado a declarar. Para la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, la investigación al número dos del Ministerio de Hacienda resta "credibilidad" a los Presupuestos que se debaten estos días.

Sin embargo, el PSOE tampoco puede tirar la primera piedra, pues Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, ha declarado este martes que su jefe le "comentó" que respecto a las ayudas investigadas en el caso ERE él era quien "disponía" concederlas o no y que podía otorgarlas sin ningún tipo de control, recogen agencias.

Trujillo ha declarado como testigo en la pieza política del caso en la que su exjefe es juzgado junto a otros 21 exaltos cargos de la Junta por prevaricación y malversación al crear o mantener un "procedimiento específico" para repartir desde el Gobierno andaluz 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y sin control, según la Fiscalía.