El abortero Mariano Rajoy quiso pasar por provida estando en la oposición, pero la verdad fue saliendo a la luz con el paso de los años, sobre todo, con su llegada a La Moncloa. Y es que llegó a echar del PP o a marginar a diputados que sí eran provida, los cuales ahora exigen al Tribunal Constitucional (TC) que 10 años y medio después dicte ya sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP contra la Ley del Aborto de 2010 (más conocida como ‘Ley Aído’) el 1 de junio de 2010.

Estando en la oposición, Rajoy recurrió la ley del aborto del Gobierno Zapatero, pero cuando llegó a La Moncloa en 2011 no movió un dedo para presionar al TC. Es más, llegó incluso a pedir que en dicho tribunal se tomaran dicho recurso con calma. Pero la legislatura del político gallego no supuso ningún paso relevante en favor de la vida del no nacido: no derogó la ‘ley Aído’ a pesar de que el PP tenía mayoría absoluta para hacerlo sin necesitar el apoyo de ningún otro partido. Es más, la reforma que llegó a plantear el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, le costó el cargo y Rajoy sólo planteó una mini-reforma: el consentimiento paterno para las menores de 16 años que quisieran abortar.

Peral, Azpiroz, Pintado, Méndez Monasterio y Durán

Este miércoles, un grupo de los diputados que en su día recurrieron ante el TC la ‘ley Aído’ (entre ellos, José Eugenio Azpiroz, Ángel Pintado y Eva Durán, acompañados del exsenador Luis Peral y de Lourdes Méndez Monasterio, hoy diputada de Vox, el primero y la cuarta en la fotografía superior) han entregado al TC un escrito de petición (ver documento adjunto) reclamando que dicte ya sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad que se presentó hace más de diez años y medio. Los firmantes del escrito también han recordado que TC acordó en un auto fechado el 14 de julio de 2010 dar “carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso” y entre ellos también está el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. 

“La inactividad del Tribunal Constitucional supone ignorar al Parlamento, a los diputados que recurrieron y a todos los ciudadanos, en cuanto incumple su obligación de juzgar, de impartir justicia”, ha señalado el exdiputado Azpiroz. “El hecho de no resolver nuestro recurso pone en cuestión al propio TC que, además, al haberle dado carácter prioritario a este recurso, está cumpliendo sus propias resoluciones”, ha subrayado el exdiputado Pintado. “Diez años y medio es un periodo de tiempo que excede lo razonable y viola nuestros derechos constitucionales”, ha añadido la exdiputada Durán. Y es que en este tiempo dicho tribunal ha dictado 2.146 sentencias, pero no ha tenido tiempo para pronunciarse sobre el recurso del PP contra la ley del aborto. ¡Curioso y triste, muy triste!