¿Se acuerdan de aquella repuesta del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la Fiscalía General del Estado?: “¿Quién manda en la Fiscalía? ¿El Gobierno, no? Pues ya está”.

Nunca una respuesta de un presidente -que lleva implícita la no independencia del Ministerio fiscal-  se ha revelado tan cierta como ahora, con el nombramiento de la ministra socialista Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.

El último ejemplo de esa falta de independencia de la Fiscalía respecto al Ejecutivo se ha producido cuando Delgado ha ordenado una investigación interna sobre las supuestas “presiones” que denunció que había sufrido el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, para que no archivase las denuncias contra el Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria por el covid-19. Y encima, Navajas se refirió por su nombre a la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal y a otro fiscal del cual no quiso revelar su nombre.

Tales declaraciones de Navajas han provocado un terremoto en la carrera fiscal. Por ejemplo, la Asociación de Fiscales denunció que "tachar ideológicamente a los compañeros está fuera de lugar”.

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) cree que las afirmaciones de Navajas "no contribuyen, en modo alguno, a transmitir una imagen de unidad de actuación y de absoluta independencia o autonomía de Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones”. "No se puede poner en tela de juicio el buen funcionamiento de la Institución. Todo es mejorable, todos nos podemos equivocar, pero la crítica entre compañeros no ayuda, en modo alguno, a potenciar el ejercicio de nuestras funciones con la debida autonomía e imparcialidad", señaló la asociación en un comunicado.

En cualquier caso, el descaro de la pareja Pedro Sánchez-Dolores Delgado en el control sobre la Fiscalía no tiene parangón.