• La empresa fundada en 1972 y propiedad al 51% del Estado se dedica a facilitar las exportaciones españolas de armamento.
  • Sin embargo, según un informe de la UCO, "actúa como una organización criminal" al establecer contratos con terceros países.
  • De hecho, la investigación abierta en 2013 señaló que cometió fraude al vender material a la policía de Angola y hubo varios detenidos.
  • Pero la cosa no acaba ahí. Otros contratos en Arabia Saudí, Camerún, Brasil, Egipto o Indonesia también están en el punto de mira. Todas ellas democracias consolidadas.
El negocio de la venta de armas es un tema sobre el que a nuestros políticos no les gusta que se hable mucho, pero que en España es importante, según sus últimas cifras. En 2015, las exportaciones de material de Defensa ascendieron a 3.720 millones de euros ( 16%), aunque el Gobierno autorizó operaciones por más de 10.000 millones, casi el triple que un año antes. Claro que es un comercio legal, pero necesita de permisos y es ahí donde entran intermediarias como Defex y las escandalosas comisiones, en la frontera de la legalidad... y mas allá: el 10% para las empresas públicas y el 8% para comisionistas privados... que bien podrían resultar públicos. Es la tarifa vigente en el sector. Defex es una empresa fundada en 1972, dedicada a facilitar las exportaciones españolas de armamento. Es propiedad al 51% del Estado a través de la SEPI y el 49% restante está en manos de empresas privadas: Explosivos Alaveses (10,888%), Maxam (10,888%), Instalaza (10,888%), Sociedad Anónima Placencia de las Armas (8,167%) y Alfa Lan (8,167%). Hace unos días, El Mundo apuntaba a 'pelotazos' del 50% en los contratos de Defex, definiéndola como una cloaca del Estado. La empresa pública ha aprovechado que las empresas privadas quieren vender armamento a Gobiernos extranjeros y que éstos, sobre todo en el Tercer Mundo, prefieren la intermediación del Estado español, para sacar tajada del negocio. En concreto, ha tenido unos ingresos de 339 millones entre 2008 y 2014. Claro que el apodo de "cloaca del Estado" no es baladí, pues las prácticas de Defex no son todo lo lícitas que deberían ser y están en el punto de mira judicial. En febrero de 2013, Conrado Saiz (fiscal anticorrupción desde septiembre de 2015) abrió diligencias de investigación y determinó la participación de la empresa estatal "en delitos de corrupción" y de "blanqueo de capitales". En julio de 2014, se judicializó el caso, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que entonces dirigía Pablo Ruz y actualmente titula José de la Mata. En esta primera fase, la Guardia Civil entró en las instalaciones de Defex e incluso detuvo a su presidente, José Ignacio Encinas. Un informe de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil, del que se hizo eco El País, concluyó que Defex "actúa como una organización criminal" al establecer contratos con terceros países. Informe que pusieron a disposición de la Audiencia Nacional en junio de 2015. Además, en la segunda fase de la investigación, ese verano, fue imputado el sucesor de Encimas en la presidencia de Defex, Fernando Aguilar (cuñado de Cristina Cifuentes). La investigación señaló que Defex cometió fraude en una venta de armas a la policía de Angola realizada entre 2008 y 2009 por 152,9 millones, aunque el valor material no superaba los 50 millones. Sobrecoste repartido en comisiones entre funcionarios del país africano, responsables y socios de Defex, e intermediarios (entre ellos, Beatriz García Paesa, sobrina del famoso exespía Francisco Paesa). Claro que el asunto no se ha quedado ahí. La investigación se ha extendido a otros contratos en Arabia Saudí, Camerún, Egipto, Brasil o Indonesia. Todas democracias consolidadas, como puede verse. Parece que el actual presidente de Defex, el teniente general Juan Carlos Villamía, tiene una ardua tarea para limpiar el nombre de esta empresa pública ligada al Ministerio de Defensa. Por cierto, conviene recordar que los dos principales nombres de este Departamento (el ministro, Pedro Morenés, y el secretario de Estado, Pedro Argüelles) provienen de empresas privadas, en concreto de las divisiones militares de Airbus y Boeing, respectivamente. Como conclusión, no hay duda de que las comisiones en el negocio de la venta de armas pueden ser todo lo legales que se quieran, pero no dejan de ser poco lícitas (se cobran por vender armas -desde tanques, aviones de combate, fragatas, pistolas, fusiles... que pueden matar a muchas personas). Y como refleja el escándalo de Defex, otro engranaje que no escapa de la corrupción. El bazar de la armas nunca ha resultado especialmente limpio, especialmente el de las armas de mano, que son las más peligrosas y menos controlables. Cristina Martín cristina@hispanidad.com