El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cáceres ha ordenado la apertura de diligencias contra el presidente de la Diputación de Cáceres, D. Carlos Carlos Rodríguez, tras la querella presentada por la Asociación Española de Abogados Cristianos.

La organización de juristas acusa al mandatario de un delito de prevaricación (art. 404 CP) con el agravante de discriminación y otro delito de odio (art. 510 CP).

Abogados Cristianos asegura en su querella que “por parte de la Diputación de Cáceres se está presionando a diversos ayuntamientos para que retiren las cruces que hay en sus respectivos municipios. Presión que se lleva a cabo a través de vincular la concesión de subvenciones a dicha retirada”.

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, pide que “se paralicen todos los derribos de cruces en la provincia ya que el responsable de ellos está siendo investigado por este motivo”.

Castellanos asegura que “lo que está haciendo la Diputación de Cáceres es un ejemplo más de cómo gobernantes de partidos laicistas utilizan cualquier excusa para acabar con símbolos cristianos”.

Recuerda que “la Diputación de Cáceres ha destinado 100.000 euros para la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas contraviniendo la sentencia del TSJ de Extremadura 1133/2019, que dejó clara la incompetencia de la Diputación Provincial de Badajoz para la creación de un comité que hiciese un inventario de este tipo”.

Polonia Castellanos asegura que “cada vez que se derribe una cruz, Abogados Cristianos llevará al responsable ante la Justicia”. Y anuncia que “no pararemos hasta reponer todas las cruces que se tiren”.

Mientras, en Castellón, la organización de juristas alega que "no hay ley que ampare retirar la cruz" del Ribalta. Según publica El Mundo, el colectivo basa su argumentario en «la absoluta ausencia de cualquier inscripción o simbología de exaltación del franquismo» y, por tanto, se trata de «una cruz exclusivamente cristiana». Y lo hace, además, amparándose «en las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Galicia y Navarra, que sientan jurisprudencia". Y es que tanto la Cruz de Castellón como las de Vigo o Buñuel no implican exaltación alguna del franquismo -tal como declaró Castellanos a El Mundo- y en estos dos últimos casos, los Tribunales de sus respectivas regiones se pronunciaron a favor de mantener la Cruz.