• Además del exconsejero de Economía de la Generalitat Macià Alavedra, figura otro de los hombres de confianza de Jordi Pujol: el ex secretario de Presidencia, Lluís Prenafeta.
  • La Fiscalía ofrece modificar la pena a Alavedra y otros tres acusados si aceptan los hechos y pagan una multa.
  • El juicio comienza tras ocho años desde que el juez Baltasar Garzón comenzara a investigar esta causa en 2009.
  • Los once acusados se enfrentan a entre 11 meses y 8 años de cárcel por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Hoy ha comenzado el juicio del Caso Pretoria, una red de corrupción urbanística que operó entre 2001 y 2009, y que pudo defraudar unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras, mediante tres pelotazos urbanísticos en esas localidades: la "operación Pallarena", la "operación Badalona" y la "operación Niesma". En el juicio se sientan en el banquillo once acusados, entre los que se encuentra además del exconsejero de Economía de la Generalitat Maciá Alavedra (en la imagen), otro de los hombres de confianza de Jordi Pujol: el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta. Tras ocho años desde que el juez Baltasar Garzón comenzara a investigar esta causa en 2009, los once acusados se enfrentan a entre 11 meses y 8 años de cárcel por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide la pena máxima para el líder de esta trama corrupta, el exdiputado catalán del PSC Luis Andrés García "Luigi", y otros 6 años y 10 meses de prisión para Prenafeta y Alavedra. Pues bien: la fiscal Ana Cuenca ha ofrecido este lunes una rebaja en la petición de pena a Alavedra y a otros tres acusados del juicio del caso Pretoria si reconocen los hechos y pagan una multa, aunque para algunos estará sujeto a su declaración, publica RTVE. En el caso de Alavedra y de Manuel Carrillo, acusado de un delito de cohecho por presuntamente sobornar al alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartolomé Muñoz, la Fiscalía quiere que se les interrogue primero y dependiendo de su declaración se procedería a modificar la pena a la hora de elevar sus conclusiones a definitivas. Además, la rebaja de la petición de pena para Alavedra -considerado hombre de confianza del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol- también estaría sujeta al pago de 10,3 millones euros de multa. Andrés Velázquez andres@hispanidad.com