Wolfgang Beck, consejero delegado de Testa, a quien Blackstone quiere echar
El fondo americano Blackstone tiene ya el control de Testa Residencial, pero tiene prisa ahora en echar al consejero delegado, Wolfgang Beck (en la imagen) porque no se han cumplido sus planes con lo que entró. La razón no es otra que la imposibilidad de aplicar en la socimi el modelo alemán, que fue a su vez el motivo por el que el Beck fue nombrado CEO, al tiempo que las condiciones para el alquiler, importante, han cambiado por la presión de Podemos.
Ya tiene consecuencias en los Presupuestos para el próximo año. En concreto, se faculta a los ayuntamientos para regular y limitar las subidas abusivas de precio, al tiempo que amplía de tres a cinco años la duración del contrato de alquiler, a siete si el propietario es una persona jurídica.
Han cambiado las cosas, por tanto, desde la salida bolsa de Testa -tuvo que ser aplazada a julio-, más descafeinada de lo previsto, y el acuerdo para la entrada del fondo, en septiembre. El control de la inmobiliaria ya lo tiene tras la rúbrica entonces con Santander, BBVA y Merlin Properties y espera, ahora, al visto bueno de la CNMC.
Blackstone tiene un enemigo declarado: Podemos y, en Madrid, su principal mercado, la podemita Manuela Carmena
Supera, en concreto, el 70%, tras el traspaso previsto de la participación de BBVA (25,24%), Merlin (16,95%), Acciona (20%). El Santander, mientras, que vende un 7,76%, mantendría un 29%.
Se convertirá así en el primer propietario de viviendas en alquiler pero el modelo de socimi muy alejado propósito inicial con el que BBVA y Santander ficharon a Wolfgang Beck como consejero delegado a principios de año.
El modelo entonces era el alemán, el mismo que había impulsado el propio Beck en Vonovia, la mayor inmobiliaria germana de pisos de alquiler (tiene en su cartera medio millón de pisos para el efecto) para lanzarla después a bolsa.
Los Presupuestos facultan a los ayuntamientos para limitar las subidas abusivas del alquiler y han ampliado los contratos de 3 a 5 ó 7 años
La socimi suma 10.615 viviendas en alquiler, con unas rentas anuales de 85 millones, la mayoría de ellas en Madrid, donde Blackstone tiene un enemigo declarado: la alcaldesa, Manuel Carmena, que ha intentado varias veces que el fondo tome el control de Testa.
Los bancos, previamente, aparcaron 3.300 viviendas, también activos tóxicos, en la socimi que crearon, con Merlin, en octubre de 2016, y que fusionaron después con el negocio patrimonial de la antigua Metrovacesa. Después se unió Acciona, con otras 1.000 viviendas o la compra a Caixabank de otras 1.458.
Ahora bien, Blackstone afronta, además, el ataque directo de la formación de Pablo Iglesias, que le acusa de un poder excesivo en el mercado del alquiler y, por tanto, se culpable de la burbuja en el sector. Es el motivo de que se hayan endurecido las condiciones de alquiler en los Presupuestos.
Aparte de lo ya citado -duración de los contratos de alquiler y capacidad a los ayuntamientos para intervenir en los precios-, los efectos se miden también en la prórroga de tres años de alquiler si las partes no han notificado la voluntad de no renovar el contrato con seis meses de antelación.
Los ayuntamientos, en concreto, serán habilitados para elaboración un índice de precios de alquiler de referencia, de acuerdo con él podrán declarar una zona urbana de “mercado tensionado” cuando se haya producido un aumento abusivo del alquiler que frene el acceso a sus habitantes por un “precio razonable”.
El Gobierno, además, se compromete a poner en el mercado 20.000 viviendas de alquiler a precios asequible en cuatro años.