El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decretado libertad bajo fianza de 300.000 euros al exjefe se seguridad del BBVA, Julio Corrochano, citado este viernes a declarar como investigado por el caso de las escuchas ilegales presuntamente contratadas por el banco al excomisario Villarejo.

Corrochano, que se ha acogido a su derecho a no declarar, tiene un plazo de 15 días para hacer efectiva la fianza que previamente había solicitado la Fiscalía. Además, el juez le ha retirado el pasaporte y le obliga a presentarse cada mes en el juzgado más cercano.

Había máxima expectación por la comparecencia Corrochano. Lógico: fue uno de los hombres de la máxima confianza de Francisco González (FG) y su testimonio podría conducir directamente al juez García Castellón al mismísimo FG. De hecho, en las grabaciones conocidas a principios de este año, Corrochano aseguraba que el “presi” le llamaba cada diez o quince días para conocer la evolución de los trabajos de la empresa Cenyt, del ex comisario Villarejo.

El testimonio de Corrochano es clave y podría marcar el horizonte legal de FG. Si cae el exjefe de seguridad podría caer el expresidente. Y, en medio, el exconsejero delegado del banco entre 2009 y 2015, Ángel Cano, también llamado a declarar como investigado (su nombre está en las grabaciones), pero ausente el jueves por estar en el extranjero. El juez le ha vuelto a citar para el día 11.

El balance de estas dos primeras jornadas de declaraciones es un poco desalentador: dos ausencias -la de Cano y la de Ricardo Gómez, ex responsable de contabilidad y supervisión del BBVA-, cuatro ‘silencios’ (además de Corrochano, Ignacio Pérez Caballero, director de Red de Banca Comercial, Javier Malagón Navas, ex responsable de finanzas del banco, Inés Díaz Ochagavía, jefa de seguridad, y Nazario Campo Campuzano, miembro del equipo de seguridad de la entidad), y solo dos declaraciones, aunque únicamente han respondido a las preguntas de sus abogados: Antonio Béjar González (CEO de Distrito Castellana Norte y ex responsable de la unidad inmobiliaria del banco) y Rafael Redondo Rodríguez (socio de Villarejo).

En resumen: esto es como la historia de Agatha Christie, Diez Negritos. El objetivo final es el expresidente FG, quien, al menos por el momento, no ha sido imputado.