La Asociación Española de Abogados Cristianos se ha querellado contra el Gobierno por omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus. Culpa al Ejecutivo central, entre otras cosas, de no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus y a que la OMS ya había indicado en enero la necesidad de adquirir test.

Para la organización de juristas, la decisión de acudir a la vía penal “se ha visto motivada por la frivolidad con la que el gobierno está tratando a los mayores de 70”.

La querella va dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los vicepresidentes, Pablo Iglesias y Carmen Calvo, los ministros responsables de la gestión de la crisis: ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Transportes, José Luis Ábalos; y el titular de Sanidad, Salvador Illa; así como contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Asociación Española de Abogados Cristianos se ha querellado contra el Gobierno por omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus

Abogados Cristianos solicita además medidas cautelares por la vía urgente para que se administre material para la prevención y medicinas para el tratamiento de la enfermedad en residencias de mayores y discapacitados.

Su presidenta, Polonia Castellanos, denuncia que “este gobierno, sabía que ocultando la realidad del coronavirus hasta después del 8M, ponía en riesgo la vida de los más vulnerables, pero no le importó”.

Destaca que “el volumen de afectados ha desembocado en triajes en los que los mayores han quedado totalmente desahuciados, sin posibilidad de acceso a una cama en una UCI”.

Castellanos critica también que “a las residencias no se les está administrando medicinas para el tratamiento de la enfermedad, sino sedación. Y tampoco les están haciendo llegar test, lo que hace casi imposible frenar el contagio”.

La presidenta de Abogados Cristianos asegura que “esta forma de actuar es sólo una muestra más de la actitud eutanásica de este gobierno que desprecia la vida de los mayores y los discapacitados”.