El Ministerio de Sanidad estudiará algunas propuestas que le han planteado las comunidades autónomas para que la desescalada no se desarrolle sólo por las unidades territoriales que se han marcado en el plan del Gobierno -provincias e islas-, sino también por otras como las áreas sanitarias.
Y hoy coincide casi toda la prensa. Las condiciones de la desescalada alarman a los sectores económicos. Hoteleros, restauradores o empresarios culturales, entre muchos otros, ven inviable abrir sus negocios con aforos limitados como plantea el Gobierno. Y la falta de liquidez amenaza el cierre masivo de empresas.
Estas son las exclusivas del día:
Juristas alertan: «Es un estado de excepción encubierto»
La sucesión de prórrogas del estado de alarma divide a los juristas y constitucionalistas consultados por LA RAZÓN. Mientras algunos consideran que no tiene sentido perpetuar la limitación o restricción de derechos fundamentales, sobre todo la libertad de circulación, e incluso recuerdan que la duración de la medida debe ser la estrictamente imprescindible, otros no ven tacha alguna desde el punto de vista constitucional a encadenar una prórroga tras otra, siempre y cuando estén aprobadas por el Congreso, al tiempo que avalan la proporcionalidad de las decisiones adoptadas. (La Razón)
Los juristas ven "disparatado" que la desescalada dependa de "órdenes" de Illa en el BOE
El Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa será el encargado de ejecutar la desescalada por la pandemia del coronavirus a través de la publicación de sucesivas órdenes ministeriales en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El último decreto de prórroga del estado de alarma concede a Illa la facultad para dictar instrucciones a diario sobre las medidas del encierro e ir dando pasos hacia la «nueva normalidad». Sin embargo, el mecanismo legal que ha elegido el Ejecutivo de Pedro Sánchez para articular las fases de desconfinamiento –prórrogas sucesivas del estado de alarma y recuperación de libertad de movimientos mediante órdenes ministeriales– genera importantes dudas entre los expertos en Derecho Constitucional consultados por EL MUNDO. (El Mundo)
El Gobierno puede controlar movimientos anónimos de la población con un margen de error de 200 metros
El Gobierno puede monitorizar los movimientos anónimos y puntuales de población, con un margen de error de 200 metros, siempre con la colaboración de las compañías de telecomunicaciones. Según se desprende del panel de indicadores que maneja el Ministerio de Sanidad para gestionar la información de movilidad, el Ejecutivo reconoce su capacidad para conocer los movimientos por área de residencia. Además, el Gobierno puede ir al detalle, con una granularidad exhaustiva, gracias a la ayuda de las celdas de las antenas de telefonía, cuya precisión es inferior a la una manzana de edificios en muchas localidades del país. Según indica el Ministerio de Sanidad, la fuente para recabar estos datos son el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el tratamiento a posteriori de los datos de las operadores de móviles. (El Economista)
Empresas nacionales exportan test PCR para la Covid-19 porque no se los compran en España
«Suministramos test PCR conforme se nos solicita. Tenemos un stock importante y hay mercados internacionales con demanda». Empresas españolas que fabrican las pruebas más fiables para diagnosticar que una persona tiene coronavirus han reactivado la exportación de estos kits debido a que las exigencias del Gobierno no cubren ni siquiera su producción. El decreto del estado de alarma supuso la intervención por parte del Ejecutivo del stock y su fabricación. Pero algunas de ellas se han visto obligadas a acudir al mercado internacional, como Reino Unido o Francia, por ejemplo, para dar salida al producto y evitar perder dinero, toda vez que Sanidad no cumple la demanda pese a haber impuesto el 14 de marzo la intervención de estas empresas. (El Mundo)
Las empresas, movilizadas para fabricar material sanitario
El Ministerio de Industria trabaja en un plan para que España logre ser autosuficiente en la fabricación de material sanitario y evitar así la escasez que ha sufrido nuestro país en la crisis del coronavirus. El proyecto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, busca aumentar la capacidad productiva tanto para uso inmediato como para tener una reserva estratégica. La ministra Reyes Maroto quiere contar con las empresas especialistas en material sanitario y con otras que han colaborado en esta crisis como Seat, Renault, Inditex, El Corte Inglés, Antolín y L’Oréal. (Expansión)
Las empresas se adelantan al Gobierno y empiezan a hacer test a sus empleados. (ABC)
El Gobierno ha gastado 154 millones de euros en compras dudosas de material sanitario
Las pruebas de anticuerpos rechazadas por la India se suman a los tres contratos que Sanidad suscribió con el proveedor de las mascarillas defectuosas. (ABC)
La abogada de las ventas millonarias a Sanidad se apuntó «en la web del Ministerio». (ABC)
Rafael Matesanz: "Antes del 8-M había indicios sobrados para tomar en serio el peligro"
Fiel a su estilo claro y directo, el fundador y director durante 28 años de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, habla con EL MUNDO de la crisis del coronavirus. Muy crítico con la gestión del Gobierno, cree que la inacción inicial ha tenido "consecuencias catastróficas". (El Mundo)
Siete autonomías reúnen ya condiciones para avanzar en el desconfinamiento
No hay un solo criterio que permita a un territorio avanzar en el desconfinamiento e ir superando fases hasta llegar a la denominada “nueva normalidad”. Pero siete comunidades parten en mejor posición debido a que ayer notificaron menos de dos casos por cada 100.000 habitantes, lo que indica que el virus ya está prácticamente bajo control. Son Andalucía, Canarias, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. (El País)
Trabajo cierra hoy la nómina de abril y deja pendiente el reconocimiento de un millón de prestaciones por ERTE y despidos
Entre el 16 de marzo y el 28 de abril, el Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) reconoció 3,2 millones de prestaciones. A pesar del ritmo de los últimos días, dejará al menos un millón por tramitar. Sus funcionarios admiten estar desbordados y algunos empresarios adelantan nóminas. (El Mundo)
Gerardo Cuerva (Cepyme): "Se necesitarán medidas adicionales para que no cueste más abrir que seguir cerrados"
Considera que no se puede afrontar el proceso de desescalada como se ha hecho hasta ahora, con un goteo de medidas "incesante" pero de "una forma deslavazada". (Expansión)
Guerra del ICO y la banca: el instituto niega la alta demanda y el sector critica que retrasa las aprobaciones
Posiciones encontradas entre el ICO y la banca. Mientras la mayoría de las grandes entidades del país piden liberar un tercer tramo de avales porque ya han cubierto la cuota que le correspondía de las dos primeras líneas para financiar a empresas, pymes y autónomos, el ICO señala que solo le han llegado operaciones por el 46% de los fondos liberados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo ayer latente el desencuentro al urgir a las entidades financieras que hicieran llegar cuanto antes el dinero a las pymes y autónomos tras asegurar que está "al tanto" de las quejas de éstos contras las entidades financieras. Paradójicamente, apenas horas antes, el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, instaba al ejecutivo a liberar más fondos porque ya estaba todo concedido. A él, se unía esta mañana el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, que aseguró que la entidad ya había cubierto su cuota y pedía liberar un tercer tramo. Cabe tener en cuenta que el principal accionista de Bankia es el Estado, con casi el 70% del capital. (El Economista)
