El informe forense del 8-M desarma al Gobierno de Pedro Sánchez: "La hecatombe se veía venir"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, «subestimaron la gravedad» del coronavirus y «su fulminante desarrollo» durante la crisis sanitaria. Así lo recoge el forense adscrito al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, que capitanea la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, en su informe definitivo sobre el 8-M, adelantado por EL MUNDO.
En el documento, de 60 páginas, el médico explica que el 3 de marzo, cinco días antes de la multitudinaria manifestación del Día de la Mujer, el ministro Illa, haciéndose eco de los datos de nuevos infectados por el virus –sin que hubieran tenido contacto con personas procedentes de otros países en situación de riesgo– «comunica que nos encontramos en una fase de escenario más avanzado de la epidemia, cual es la de transmisión comunitaria esporádica con varios focos en cuatro comunidades autónomas distintas». En opinión del forense Julio Lorenzo Rego, en esos momentos «el virus había entrado en una fase de gran difusión dentro la población» aunque «aún quedaba mucho por delante». Sobre esa fecha clave del 3 de marzo, el ministro de Sanidad dijo públicamente en el Congreso de los Diputados que estábamos ante una «transmisión comunitaria» de Covid-19 «esporádica» y «no sostenida». (El Mundo) (La Vanguardia)

Sanidad no incluye a los sospechosos en las cifras de muertos. Pese a los alentadores datos, parece que las cifras no se ajustan a la realidad, ya que España no se ha sumado aún a las recomendaciones de la OMS, que apuntan a la obligatoriedad de añadir los casos sospechosos. El nuevo documento de la OMS establece que cuando se identifique una enfermedad que pueda explicar el fallecimiento de un paciente por Covid19 se tendrá que descartar como fallecido por el coronavirus. Igualmente, también recoge que si existe la muerte sospechosa de una persona que no tiene una enfermedad que explica el deceso, se tiene que calificar como muerte por Covid-19, pese a que no se le haya realizado una prueba diagnóstica. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que el Ministerio de Sanidad tendrá que ajustar en algún momento el recuento que realiza de fallecidos para ajustarse a estos requisitos de la OMS. (La Razón)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estudia acciones legales contra Pablo Iglesias tras decir que la gestión del gobierno autonómico en los centros de mayores fue «un crimen». Ha habido un 32% de muertos en residencias de Madrid frente al 85% de Aragón. (La Razón)

Un alto cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid envió cuatro correos para excluir de los hospitales a ancianos de residencias. Un alto cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid envió cuatro correos para excluir de los hospitales a ancianos de residencias. Algunos protocolos ordenaban excluir a discapacitados o a dependientes de la derivación a hospitales. (El País)

Las residencias advierten de que nacionalizar vale 5.000 millones. El sector de las residencias salió ayer al paso del plan de Podemos de nacionalizarlas y advirtió de que el proyecto costaría unos 5.000 millones de euros. El sector defiende un aumento de la colaboración público-privada. (El Economista)

El constructor David Marjaliza denuncia ante la Audiencia Nacional que incorporó como socios de sus empresas a políticos del PSOE para «garantizarse» la adjudicación de contratos públicos en municipios madrileños como Parla. Concretamente, la autorización para construir medio millar de viviendas. El principal arrepentido del denominado caso Púnica ha entregado al Juzgado de Instrucción número 6, que dirige Manuel García Castellón, la copia original de la contabilidad B de sus empresas, publicada ayer por EL MUNDO, en la que anotó pagos en 2002 de casi un millón de euros a los socialistas madrileños en una época en la que su secretario general era el actual portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas. (El Mundo)

La Fiscalía se centrará ahora principalmente en pruebas documentales y aunque legalmente podría citar a declarar a Don Juan Carlos, no parece que ello vaya a ocurrir, «por prudencia». El pasado mes de marzo, la Fiscalía Anticorrupción reclamó a las autoridades suizas todo lo relacionado con la investigación abierta en el país helvético relacionada también sobre el supuesto pago de comisiones millonarias pagadas por Arabia Saudí y entre cuyos beneficiarios podría estar Don Juan Carlos, quien, a su vez, habría realizado también una supuesta donación de 65 millones de euros a su amiga Corinna zu-Sayn-Wittgenstein, según señaló entonces el abogado de esta. (La Razón)

El juicio político a la Monarquía, ante el Pleno del Congreso. En duda, la posición del PSOE. Podemos y ERC pueden forzar el debate de la creación de la comisión con solo registrar la petición, y obligar a Sánchez a retratarse. (La Razón)

Antoni Ortúzar (PNV) "Si Iglesias opta por el estilo Varufakis, todo puede saltar por los aires". (El Economista)

Al tratarse de un real decreto ley, el Gobierno de Sánchez no tendrá ningún instrumento a su alcance para limitar la movilidad de personas en el caso de que en los próximos meses se produzca un rebrote de la enfermedad. Tampoco podrá limitar, por ejemplo, las manifestaciones. Y es que, tal y como recoge la Carta Magna en su artículo 86.1 y el propio preámbulo del texto que se aprobará hoy, los reales decretos «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I (de la propia Constitución), al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general». Y entre esos derechos contenidos en el Título I de la Constitución se encuentra el de reunión pacífica en la vía pública y el de manifestación, además del resto de derechos fundamentales, como el de circular por el territorio nacional. De esta forma, las opciones de Moncloa para actuar quedarán muy reducidas. En el caso concreto de las manifestaciones, sólo podrán ser prohibidas «cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes». (La Razón)

La Asociación pro Guardia Civil (APROGC) han enfilado al que fuera guardia civil, portavoz de la AUGC y ex diputado de Podemos y ahora asesor de Marlaska en el Ministerio del Interior, Juan Antonio Delgado. Y ha decidido llevarle a los tribunales. Juan Antonio Delgado se incorporó a las estructuras de Grande-Marlaska el pasado mes de marzo tras su paso por las filas de Podemos como parlamentario. Sigue manteniendo una gran afinidad con la formación de Pablo Iglesias, con quien mantiene el contacto. Según explica en una nota, el pasado 21 de abril, en una entrevista, el ex diputado del Parlamento español y actualmente designado asesor del Director General de Tráfico, «nos alineó con una determinada corriente política (extrema derecha) atentando gravemente a nuestra repetida neutralidad e independencia política, causándonos un gran desprestigio como Asociación profesional de guardias civiles». (El Mundo)

«Me siento presionado para, de forma encubierta, aprobar a todos los alumnos de Bachillerato. Al principio me sugirieron que revisase bien los ítems de la evaluación con un criterio positivo. Más tarde me pidieron que justificase de forma pormenorizada los criterios no superados por los alumnos... Total, que al final he pensado en dar aprobado general y punto». Quien así se expresa es un profesor de Toledo que no quiere identificarse por miedo a represalias en su centro educativo. Revela que en su instituto le han pedido todo tipo de papeleo –de forma novedosa este año– para que justifique las malas notas que pretendía poner a alguno de sus alumnos. Ha hecho horas extra tratando de razonar su decisión. Y, al final, ha tirado la toalla ante el laberinto burocrático en el que se ha visto envuelto en la educación en tiempos de Covid-19, donde las normas se han relajado hasta el punto de que el Gobierno ha quitado el límite de suspensos que exigía la actual ley, la Lomce, para pasar de curso y obtener los títulos. (El Mundo)

La ministra de Trabajo y de Economía Social, Yolanda Díaz, quiere regular el teletrabajo o el trabajo a distancia. Y quiere hacerlo en todos sus aspectos: desde el salario, hasta la jornada laboral, la compensación de los gastos por trabajar en casa, el descanso, los derechos colectivos o el uso de los instrumentos de trabajo. En definitiva, el Ministerio de Trabajo pretende asegurar “que el trabajo a distancia y el empleo de dispositivos digitales y otras formas de trabajo en red no supongan una desprotección o merma de los derechos a la privacidad, sin perjuicio de las formas de control empresarial”. Así se recoge en la explicación que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha colgado en la red sobre su intención de elaborar un proyecto de ley sobre el teletrabajo. Entre otros aspectos, la futura norma regulará los siguientes aspectos destacados de esta actividad. (Expansión)

Telefónica sigue trabajando para cumplir con el calendario previsto en el establecimiento de Telefónica Tech, la división que encabeza José Cerdán, que englobará los negocios de ciberseguridad, cloud, internet de las cosas y big data. Fuentes conocedoras del proceso señalan que Telefónica ha recibido ya varias muestras de interés sobre la evolución de creación de Tech por parte de varios inversores. En la presentación del plan, la operadora abrió esta opción tanto a grupos industriales del sector como a fondos de inversión especializados en estas actividades. (Cinco Días)

Endesa, Iberdrola y Naturgy, las tres mayores eléctricas españolas, han conseguido frenar, después de más de 20 años de liberalización del sector, el empuje de decenas de pequeñas y medianas comercializadoras de luz en España. Así se desprende de los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las grandes eléctricas arrebatan contratos a cientos de comercializadores independientes para fortalecerse frente a la nueva amenaza de Repsol, Total y Cepsa. (Expansión)

Olga Sánchez fue nombrada consejera delegada de la aseguradora AXA hace poco más de un año, tras más de 25 trabajando en la compañía. Aunque ya estaba acostumbrada a teletrabajar un día a la semana desde hace tiempo, reconoce que la experiencia del confinamiento está siendo muy diferente. “Teletrabajar no es solo darte un portátil y un móvil, es mucho más”, afirma la primera ejecutiva de la filial del grupo francés, una de las pocas mujeres al frente de una aseguradora en España. (Expansión)

El juez pone en duda el criterio para los Erte por fuerza mayor. (El Economista)