(Exclusivas de la prensa de papel 18/01/2021) Pedro Sánchez «no sabe» si invitó a sus amigos a veranear en los palacios del Estado

Pedro Sánchez ha dado un paso más en su desprecio a la rendición de cuentas y la Ley de Transparencia. Habituado a incumplir sistemáticamente las resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), ahora ha decidido dar una respuesta surrealista. Después de que ABC desvelara, el pasado octubre, cómo llevaba a su grupo de amigos de veraneo a los palacios del Estado, el CTBG, que ya había dado la razón a este diario, le requirió dos veces más la información sobre el número de acompañantes privados y el periodo durante el que disfrutaron del Palacio de las Marismillas, en Doñana, a lo largo del verano de 2019. Pero Presidencia dice a Transparencia que «no le consta» y que «no existen registros». El CTBG ha requerido tres veces a Sánchez una información que es «de indudable interés». (ABC)

Pero de esto que Costa sabía ya en abril, la ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, dijo no tener constancia hasta el pasado 11 de noviembre, que fue cuando anunció que bajaba del 21% al 4% el IVA de las mascarillas, tras afirmar durante meses que «la UE prohibe que se pueda bajar». En una respuesta escrita el pasado miércoles del responsable de Economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni, al PP a la que ha tenido acceso EL MUNDO, no queda lugar a dudas de que Montero pudo incluso eliminar el IVA de las mascarillas desde el minuto uno de la pandemia. (El Mundo)

El Gobierno tendrá que pedir dos veces al año el pago de los fondos del mecanismo de recuperación europeo, del que tocan a España unos 70.000 millones hasta 2023. Y cada vez que los solicite se someterá a un examen sobre cómo está avanzando con las reformas y las inversiones. La Comisión Europea hará la evaluación, y tendrá que contar con el Comité Económico y Financiero, el órgano del Eurogrupo donde se sientan los técnicos de los países y que podrá activar el freno de emergencia que impusieron los holandeses. Es decir: serán capaces de parar o incluso retirar fondos. En definitiva, gastar los 70.000 millones en ayudas tendrá un precio. El Gobierno se enfrentará a un maratón de exámenes sobre sus reformas. El primer obstáculo que tiene que salvar es el envío a finales de enero del plan nacional de recuperación, que tendrá que evaluar en dos meses la Comisión y que incluye las inversiones que se llevarán a cabo con los recursos europeos. Pero que también recoge un amplio programa de reformas. (El País)

Sánchez acelera la reforma laboral para primar el convenio sectorial sobre el de empresa. El Gobierno quiere empezar por prorrogar el convenio hasta que sea sustituido por uno nuevo y restaurar la prioridad aplicativa del acuerdo sectorial sobre el de empresa. (Expansión)

La factura eléctrica resulta más cara para los ciudadanos y las empresas de España que para la mayoría de sus socios europeos. Impuestos asociados, el IVA y el impuesto especial de la energía, a los que se suman otros cargos, incrementan el precio final, que se sitúa por encima de la media de la UE. La electricidad y el gas soportan en España un tipo impositivo del IVA del 21%, cuando en otros países es inferior, como en Francia (20%) o Alemania (19%). Pero, además, en Francia, por ejemplo, se aplica un IVA del 20% para la parte no fija de la tarifa y un 5,5% en la parte fija. En otros países se ha optado incluso por gravámenes superreducidos, como es el caso de Italia (10%) o Grecia (6%). La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta la semana pasada a rebajar temporalmente algún impuesto, aunque la idea no convence a su socio de Gobierno, Podemos. (La Vanguardia)

La eléctrica de Colau es más cara que el resto. Barcelona Energía, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, ha sumado solo 3.000 clientes en dos años. (El Economista)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé llevar al Congreso un primer bloque de reforma de las pensiones en el primer trimestre. La revalorización de las prestaciones, la jubilación anticipada y la demorada están en la primera fase de los cambios. El titular de Seguridad Social rechaza haber planteado aún elevar de 25 a 35 años el periodo para calcular la pensión. El Ministerio planea aprobar "pronto" una tasa para penalizar los despidos de fin de semana y de vacaciones. La prórroga de los ertes hasta mayo costará unos 5.500 millones de euros. El Gobierno extenderá a los padres el complemento de pensión por cese de actividad para cuidado de bebés. (El Periódico)

Prolongar la edad real de jubilación aumentará el gasto en pensiones. La propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de endurecer las jubilaciones anticipadas, la opción de retiro elegida actualmente por el 40% de los trabajadores, subirá el gasto a largo plazo debido al coste de no aplicar las correspondientes penalizaciones. Se calcula que para el año 2050, retrasar la salida del empleo elevaría la factura en un 0,3% del PIB. (El Economista)

El final de la concesión de varias autopistas que gestiona Abertis en Cataluña este año tendrá un impacto de más de 300 millones de euros anuales para las arcas públicas derivados de la eliminación del retorno fiscal y de los costes de mantenimiento que asumirán las Administraciones. El déficit de conservación acumulado en la red de carreteras de España superará los 8.000 millones de euros. (El Economista)

Los sueldos aumentan más en el sector público. Las empresas públicas subierán el año pasado los salarios un 1,96%, frente al 1,55% de media de los 2.101 convenidos de privadas. La empresa pública ha acordado el pasado año un incremento salarial de media superior al de la empresa privada. Así, las 145 compañías de ámbito público, que agrupan a 48.518 trabajadores, se les aplica un aumento del 1,96% frente al 1,55% de los 2.101 convenios de empresas privadas con 433.017 empleados. Se trata del tercer año consecutivo en el que los salarios crecen en el ámbito público por encima del privado, pues desde 2007 siempre ha sido al contrario. De hecho, la diferencia en favor de la empresa pública del último trienio se explica desde los sindicatos como una recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de las compañías públicas. (El Economista)

Air Europa no devuelve el coste de los billetes pese al rescate. (El Economista)

China Tianying (CNTY) ha puesto a la venta el 100% del capital de Urbaser, después de no haber encontrado un socio financiero que le acompañase de forma minoritaria en el accionariado de la empresa española de servicios urbanos, gestión de residuos y tratamiento de aguas, según distintas fuentes financieras consultadas por EXPANSIÓN. El conglomerado chino es dueño de Urbaser, la antigua división medioambiental de ACS, desde 2016, cuando se la compró al grupo que preside Florentino Pérez por 1.114 millones de euros, aunque el valor total de la operación, si se tiene en cuenta la deuda, se situó en el entorno de los 2.000 millones. Según las fuentes consultadas, el valor de la compañía puede superar ahora los 2.400 millones de euros. (Expansión)

BBVA intensifica su estrategia de captación de clientes en España. El banco tiene como objetivo declarado desde hace trimestres el crecimiento de cuota en el mercado doméstico, como en el resto de países en los que opera. Desde esta óptica, BBVA ultima la puesta en marcha del plan Invita a un Amigo, que prevé lanzar a mediados de febrero. La entidad incentivará a sus clientes para que capten nuevo negocio. Los particulares que tengan contratada la Cuenta Online Sin Comisiones, uno de los productos en los que está poniendo más empuje comercial, serán premiados por cada usuario que atraigan al banco, con un tope de diez. (Expansión)

Aena da un paso al frente en la negociación que mantiene con operadores que ocupan los espacios comerciales de sus aeropuertos desde el estallido del Covid. El gestor aeroportuario ha planteado un marco general para compartir riesgos y aliviar, en parte, la carga que los inquilinos de los locales sufren por la excepcional caída del tráfico de pasajeros derivado de la pandemia. En la propuesta, Aena plantea reducir en un 50% el pago de la renta mínima garantizada de estos operadores desde el final del primer estado de alarma, que concluyó en junio de 2020, hasta el próximo mes de septiembre, según han informado a EXPANSIÓN fuentes conocedoras de la propuesta. (Expansión)

La Audiencia Nacional exonera por completo al empresario ruso Mijaíl Fridman de cualquier tipo de responsabilidad penal en la compra de los supermercados Dia. El Juzgado Central de Instrucción número 4 concluye que «ni Fridman ni su empresa Letterone ni terceros vinculados a ellos realizaron actuaciones dirigidas a provocar una caída en el valor de la cotización de las acciones de Dia que les permitiera una adquisición más ventajosa de la sociedad». Como tampoco que «pudieran haber tenido acceso a información relevante sobre la citada sociedad cotizada que no fuera conocida por el resto de los inversores y les hubiera permitido conocer con la suficiente anticipación la situación real de la compañía». (El Mundo)

Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol, las cuatro mayores energéticas en España, ultiman planes para presentarse a la subasta de licencias de renovables que ha convocado el Ministerio de Transición Ecológica, a cuyo frente está Teresa Ribera. La puja se realizará a finales de este mes. En concreto el día 26. Pero esta misma semana hay una fecha clave. Mañana todos los interesados deben empezar a presentar documentación para poderse personar en la puja. En esta subasta, el Gobierno reactiva la concesión de licencias de renovables. El sistema de adjudicación de esta subasta, a diferencia de las que se celebraron entre 2015 y 2017, se realizará al mejor postor en precios. Aquella empresa que se comprometa a ofrecer un precio de la electricidad más barato ganará el concurso. (Expansión)

Telefónica ha vuelto a protagonizar unos meses de fuerte sacudida, con cotas históricas en términos de operaciones corporativas. Así, la compañía que preside José María Álvarez-Pallete ha anunciado o cerrado transacciones en este periodo por un importe cercano a 50.000 millones de euros. La teleco ha acelerado en la venta de activos que han pasado a recibir la consideración de no estratégicos, con el objetivo de mejorar el retorno y reducir deuda. Por otro lado, ha elevado la apuesta por los mercados estratégicos, con operaciones para reforzar la posición. (Cinco Días)

Han clausurado 25 de los 47 centros del archipiélago y no descartan más. (Cinco Días)

Canarias, del 'boom' turístico a las colas del hambre. La desaparición del turismo desde marzo de 2020 ha arrasado zonas que vivían al 100% del sector y amenaza con tasas del 80% de paro. (El Mundo)

La desaparición por goteo de sociedades de inversión de capital variable (sicavs) no cesa. En enero ha sido el turno de la gestora de fondos valenciana Buy & Hold. La firma ha optado por cerrar las nueve sicavs que tenía y transferir el patrimonio a fondos luxemburgueses. “Que nadie se engañe, no ha sido una decisión por motivos fiscales. Ni muchísimo menos. Lo hemos hecho por la inseguridad jurídica que siempre planea sobre las sicavs. Y también, y muy especialmente, porque con la regulación actual era casi imposible vender nuestro producto a través de los bancos”, explica Julián Pascual, presidente de Buy & Hold. (Cinco Días)

La banca española da carpetazo a 2020 con unas pérdidas de 5.500 millones de euros a causa de la crisis sanitaria, según las estimaciones del consenso del mercado. Pese a los números rojos, las entidades han logrado ir reconstruyendo ganancias en los dos últimos trimestres del ejercicio y reducir su resultado negativo en un 50%, frente al pico máximo que alcanzaron a cierre del primer semestre, en plena eclosión del coronavirus, con unas pérdidas conjuntas que superaron los 11.200 millones. (El Economista)

El estallido de la pandemia, el duro confinamiento de la población y la paralización de la actividad colocaron en marzo en el ojo del huracán a la deuda anticrisis de las entidades financieras, ante el temor de que la banca no pudiera hacer frente a los estragos de una nueva crisis. Un castigo ya difuminado por los avances en la vacunación y en el proceso de consolidación del sector, y que ha proporcionado suculentas plusvalías, de hasta el 70%, a los hedge funds que optaron, en los momentos de mayor turbulencia, por comprar este tipo de bonos en el mercado secundario. (Cinco Días)

Una trama opaca con empresas en México, Rusia y Emiratos Árabes movió por todo el mundo millones de barriles de crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) sorteando las sanciones de EE UU, según una investigación conjunta de EL PAÍS y Armando.info. Entre los implicados figura el colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. La red que intercambió petróleo venezolano por alimentos y camiones cisterna con agua potable desde México es solo la punta del iceberg de un consorcio que mueve por todo el planeta millones de barriles de crudo de PDVSA (la estatal Petróleos de Venezuela, SA) para evitar las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. (El País)

La Fiscalía de Madrid insiste en su búsqueda de las supuestas revelaciones de los fiscales a Podemos del sumario del «caso Villarejo». El fiscal jefe de Madrid, Jesús Caballero Klink, ha reactivado las pesquisas que su ‘número dos’, Carlos Ruiz de Alegría, había pedido que se cerraran al no detectar indicios de que el fiscal Ignacio Stampa y su compañero en la investigación del «caso Tándem», Miguel Serrano, hubieran cometido un delito de revelación de secretos al mantener reuniones con los abogados de la acusación popular de Podemos. (La Razón)

Ninguna iniciativa española ha llegado de momento a la fase de ensayos con humanos, una etapa en la que ya hay 64 productos de 21 países diferentes, según se desprende de la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Cinco Días)

Sánchez apura al máximo declarar zona catastrófica Madrid. Los precedentes de desastre e inundaciones se gestionaron en menos de una semana. Marlaska exigió a Almeida un mail con su solicitud de ayuda en plena nevada. (La Razón)

Alfonso Fernández Mañueco: "Castilla y León no ha abierto un frente contra el Gobierno sino contra el virus". El presidente de Castilla y León defiende su adelanto del toque de queda a las 20 horas, pese a que Sanidad no lo avalaba, señalando que buscó esa vía para evitar más daño económico a su región. (El Mundo)

Los padres desesperados por la vuelta al cole: «Nos sentimos abandonados». (El Mundo)

Familia Álvarez Martínez: «Un segundo confinamiento en España sería una bomba detonada». (El Mundo)

Con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bloqueada, el enfrentamiento entre el Gobierno de coalición y el órgano de gobierno de los jueces va en aumento. Prueba de ello es que la mitad de vocales del órgano ha forzado la celebración de un Pleno extraordinario el próximo miércoles donde se abordará la decisión adoptada por la Mesa del Congreso, con el apoyo del PSOE y Unidas Podemos, de desoír al propio Consejo, a Europa –a través de la Comisión de Venecia– y al resto de operadores jurídicos antes de limitar de forma exprés las funciones del gobierno de los jueces. Varios vocales consultados por EL MUNDO inciden en la necesidad de que el órgano de Poder Judicial dé una nueva respuesta institucional ante las «continuas injerencias» e «intromisiones» del Poder Ejecutivo. Un grupo de consejeros confía en poder volver a pactar entre los grupos conservador y progresista un texto de consenso para responder a la negativa de la Mesa del Congreso. (El Mundo)

Los populares amortizan la gestión de Juanma Moreno y sumarían ocho escaños más que en los comicios de 2012. La única opción del PSOE de volver a la Junta pasaría por un pacto con Podemos, los Anticapitalistas y Ciudadanos. (ABC)

Lo que empezó con correos exigiendo información terminó con González Pérez siendo la primera testigo en declarar bajo juramento ante la comisión parlamentaria que se había formado para investigar el escándalo de los subsidios que otorga la Ley de Cuidado Infantil. «Los ciudadanos han sido tratados de forma ilegal e indecente. Hubo una mala administración y se violaron leyes. Las autoridades fiscales se negaban a escucharlos y los dejaban a su suerte a través de todo tipo de procedimientos de objeción, cuando son ciudadanos de este país y tienen derecho a lo que estaban reclamando, o al menos a una explicación». Para ella, queda mucho por destapar. Pero en especial, hay una tarea pendiente: buscar el fondo del problema de un sistema «corrupto» de autoridades fiscales que llegaron al punto de hacer un perfil racial de sus ciudadanos, considerando a aquellos de doble nacionalidad como potenciales defraudadores. (El Mundo)