(Exclusivas de la prensa de papel 14/11/2022) El Gobierno se escuda en ERC y UP para reducir la malversación y rescatar a Griñán, Junqueras y Puigdemont

Los de Oriol Junqueras tienen también el interés de tocar este delito para salvar a todos los cargos intermedios que están encausados por este delito y que están pendientes de juicio. ERC apuesta por distinguir entre el cargo público que malversa para su lucro personal y el que lo hace para otros fines. (ABC)

Oriol Junqueras: "Para pactar presupuestos con el PSC falta ver su compromiso con la reforma de la malversación". "El delito de sedición se pulveriza y en el delito de desórdenes públicos se produce un gran avance". "Mientras el Supremo mantenga la acusación por rebelión, el retorno de Marta Rovira es imposible". (El Periódico)

El PP ve en la reforma de la sedición la vía para ganarse al elector de centro. Los populares creen que el votante moderado no perdonará la decisión de Sánchez. (La Vanguardia)

La maniobra de la sedición torpedea el juicio a los acusados que empieza en diciembre mientras Sánchez se abre a reducir también el delito de malversación. (El Mundo)

Sánchez abre la puerta a reformar también el delito de malversación. Esquerra enmendará la proposición de ley para rebajar las penas a los condenados y encausados del ‘procés’ que no se hayan lucrado de la desviación de fondos públicos. (El País)

Tensa espera en el Tribunal Supremo por el texto alternativo a la sedición. El Alto Tribunal tendrá que analizar el alcance del cambio sobre las condenas. (ABC)

El Gobierno y Esquerra aspiraban a liquidar la agenda legislativa más sensible antes de que concluyera 2022, conscientes de que, a partir de enero, se hará todo más cuesta arriba por el ciclo electoral que arranca en mayo. Por ello, han dado un acelerón y todo apunta a que a finales de diciembre verán la luz verde tanto los Presupuestos Generales del Estado de 2023 como la reforma de la ley de sedición en el Congreso. Las cuentas se dan prácticamente por descontadas porque las negociaciones van avanzando y están ahora más allanadas, si cabe, gracias a la cesión del Gobierno con los cambios en el Código Penal, mientras que la rebaja de penas alberga más incertidumbre porque su recorrido parlamentario puede torcerse. En todo caso, en Podemos y en ERC sí creen que si todo va rápido, puede acabar materializándose antes de que acabe este año. Ese también es el deseo de ambos grupos parlamentarios. (La Razón)

España solicita el tercer pago de los fondos Next Generation y una prórroga en la presentación de documentación ante el retraso de la adjudicación de los fondos y en el cumplimiento de los hitos. (La Razón)

A una media de 19 robos al mes, el coste de reponer estas líneas ha ascendido a 3,4 millones de euros, sin contar las pérdidas por la suspensión del tráfico de trenes. (ABC)

Las reglas del juego de los créditos ICO estaban claras desde el principio, pero es ahora cuando la letra pequeña de las líneas de avales con escudo estatal diseñadas para paliar el impacto del coronavirus empieza a generar dolores de cabeza ante el creciente aumento de los créditos bajo vigilancia especial, es decir, en riesgo de impago. ICO, bancos y deudores se pasan la pelota para que esta no acabe en su tejado. La gran banca, encargada de conceder los préstamos, empieza a oler el peligro y el Instituto de Crédito Oficial, que en muchos casos llegó a avalar el 80% de la financiación otorgada, esconde la cabeza, o, más bien, espera desde la barrera a que las entidades financieras rematen la faena. (El Mundo)

Las empresas rescatadas, dos años después: más deuda, despidos y ventas. El estado financiero de algunas firmas pone en duda la devolución a las arcas de Estado del dinero prestado. (ABC)

La inflación y los problemas de suministro agravarán el deterioro de las compañías. (El Mundo)

La crisis de precios bloquea la negociación colectiva y dificulta los acuerdos de trabajo a distancia. Parte de las pymes se limitan a permitir un día desde casa para sortear la normativa y no costear los gastos. (El Periódico)

Merlin, Colonial y Lar suman casi 26.500 millones en activos y 9.500 millones de deuda. A estas se unen otras 80 Socimis del BME Growth con 20.000 millones en inmuebles. (Expansión)

Alerta energética ante 35 días críticos este invierno en España. Del 12 al 23 de diciembre, y del 9 al 31 de enero, España se enfrentará a los días más duros del invierno, que agravarán la escalada de precios de luz y gas y pondrán a prueba el sistema. (Expansión)

Ricardo Mourinho (BEI): “La política monetaria y la presupuestaria no pueden trabajar una contra otra”. “Es muy importante que los países reserven su espacio presupuestario para poder responder a una crisis que se puede agravar; podemos tener una recesión”. (Expansión)

Telefónica mira a EEUU para reforzar su financiación. La operadora actualiza su documentación en la SEC con el objetivo de ganar flexibilidad y tener la posibilidad de emitir tanto en dólares como en euros. (Expansión)

Giro casi total de la tendencia de Telefónica en Venezuela, un mercado afectado en los últimos años por una grave crisis política, económica y social, con un vandalismo que afectó a las propias redes. Ahora, Telefónica, que prácticamente dejó de mostrar al país en sus cuentas, apuesta por este mercado, e invertirá 270 millones de dólares (unos 262 millones de euros) en los próximos dos años en el país sudamericano, en el despliegue de nuevas infraestructuras, además de actualizar y mejorar el mantenimiento de redes y sistemas. (Cinco Días)

Reyes Maroto: “Estamos trabajando con Ford y Stellantis para que entren en el segundo Perte del coche eléctrico”. La ministra de Industria asegura que España está bien posicionada para atraer los futuros vehículos eléctricos de Stellantis. Afirma que se flexibilizarán aspectos del Perte II para facilitar que se usen todos los fondos. (Cinco Días)

Las eléctricas piden a Ribera que cualquier comercializadoras pueda ofrecer la TUR del gas. Quieren un mecanismo casi automático para cambiar de tarifa a más de seis millones de clientes. (Cinco Días)

Bruselas acotará los posibles conflictos de interés de los asesores de voto. ESMA quiere revisar su labor y la fiabilidad de sus análisis. Analizará si tienen en cuenta los criterios ESG en sus informes. (Cinco Días)

Aena depende ya de una solución regulatoria para salvar su sobrecoste eléctrico. La CNMC vetó una revisión tarifaria para 2023 basada en el coste real del suministro, mientras la factura sube en 150 millones hasta septiembre. (Cinco Días)

Acciona y Ferrovial luchan contra FCC por el nuevo Camp You.

Alta apunta un contrato para operar 67 líneas en Marrakech.

La sanidad privada, asfixiada por las tarifas de las aseguradoras.

Trabajo se niega a cambiar la ley que regula el SMI para despolitizarlo.

La cogeneración prepara demandas por daños al Gobierno de 500 millones.

El lujo se compra en bolsa un 65% más barato que la media de 10 años.

Fuentes jurídicas del grupo conservador del Consejo consultadas por EL MUNDO muestran su rechazo a que el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, candidato del sector progresista, sea nombrado nuevo miembro del TC. Las distintas fuentes consultadas subrayan que se trata de un buen magistrado, que no merece tacha alguna en su currículum y trayectoria, pero consideran que el Constitucional necesita en la actualidad otro perfil de jurista. En este sentido, creen que el también miembro de la Sala Tercera del Alto Tribunal Pablo Lucas, el otro nombre que barajaron los consejeros progresistas –el juez del CNI demonizado por el independentismo por el caso Pegasus–, es quien tiene un perfil más idóneo en estos momentos para ocupar uno de los 12 sillones del Tribunal Constitucional. (El Mundo)

La Fiscalía ha recurrido a la Sala de lo Penal tres terceros grados concedidos por Urkullu y ha pedido a los magistrados que se pronuncien sobre si deberían seguir en prisión mientras se resuelven los recursos. (La Razón)

El Gobierno propone que los profesores vigilen las redes sociales de sus alumnos. Así consta en un documento elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad (Incibe), presentado por el Ministerio de Educación en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar y que incluye recomendaciones para trabajar la «ciberconvivencia» en los colegios tanto para los profesores como para los padres. En esta guía, el Gobierno insta a los docentes, entre otras cosas, a hacer un seguimiento de las redes sociales que usan los estudiantes. «Puede ser interesante la detección proactiva de situaciones de riesgo, por ejemplo, mediante la monitorización de comentarios y actividad del alumnado dentro de las plataformas educativas, o el seguimiento de hashtags y menciones relacionadas con el centro educativo en las redes sociales preferidas por el alumnado, así como la creación de alertas en buscadores con términos relacionados con el centro educativo», señala. «No se trata de hacer espías, sino de vigilar, estar al tanto de las redes sociales que usan los alumnos», responde Purificación Llaquet, subdirectora general de Coordinación Territorial e Innovación Educativa. (El Mundo)

El primer impacto de la derogación del delito de sedición sí es negativo electoralmente para el PSOE, en contra del argumentario que está difundiendo estos días Moncloa, en el que dan por amortizado el coste político para Pedro Sánchez de las decisiones que favorecen al independentismo. La horquilla del PP se eleva a 143-145 diputados, frente a los 90-92 en los que se queda el PSOE, según el sondeo de NC Report para LARAZÓN, que ya recoge parcialmente el impacto del anuncio del pasado jueves del presidente del Gobierno, en una entrevista en La Sexta, sobre sus planes para reformar el Código Penal conforme a lo exigido por ERC. Las entrevistas se han realizado entre los días 8 y 12 de noviembre. (La Razón)

Ximo Puig resiste una tercera legislatura con un PP como primera fuerza a dos escaños de sumar con Vox. El principal barón socialista lograría reeditar su Gobierno gracias a que Compromís no acusa el desgaste y Unidas Podemos aguanta en las Cortes. (El Mundo)

Garry Kasparov (Bakú, Azerbaiyán, antigua URSS, 1963) es uno de los mejores ajedrecistas de la historia. Ocupó el puesto número uno durante 255 meses, todo un récord. Después ha sido una voz destacada en la oposición rusa. Hace 10 años, en una manifestación en Moscú, fue arrestado y le acusaron de morder a un policía. Pero Kasparov argumentó que nunca se comería un peón: «¡Nunca mordería a nadie por debajo del rango de general!». Removiendo el té del desayuno, hoy se muestra igual de desafiante. Acaba de dar el discurso inaugural del World Liberty Congress que se ha celebrado en Vilna (Lituania) estos días, centrado en la lucha global contra las dictaduras y en los mayores desafíos que enfrenta la democracia hoy. Cree que Ucrania ganará la guerra. Y que 2023 será el último año del régimen de Putin. Tal vez entonces pueda volver a casa. (El Mundo)

Macarena Olona (Alicante, 1979) aspira a volver al Congreso. No como dirigente de Vox, sino como «representante del pueblo» para defender allí una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la «ideología de género». Espera recoger medio millón de firmas y tener el apoyo del que hasta hace 100 días fue su partido, a pesar de que, dice, le están zancadilleando su regreso a la vida pública. (El Mundo)

La IGAE entrega un informe a Anticorrupción, al que ha accedido en exclusiva EL MUNDO, en el que sostiene que la RFEF y Arabia Saudí intentaron camuflar los negocios millonarios con el ex jugador. (El Mundo)