(Exclusivas de la prensa de papel 08/06/2021) Bruselas aprobará el plan de recuperación de España en los próximos 10 días

En medio del estruendo social y político contra los indultos, y asaeteado por la subida de la luz y de los desahucios, el Gobierno de Pedro Sánchez recibe una buena noticia: tendrá vía libre para acceder al maná europeo en dos semanas. Bruselas dará el ok al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a mediados de este mismo mes, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes comunitarias. De esta manera, el Ejecutivo podrá comenzar a liberar los fondos europeos contra la pandemia en julio, en cuanto todos los países comunitarios avalen los planes contra la pandemia. (El Mundo)

El Gobierno prevé que al menos un millón de pequeñas y medianas empresas se beneficien de 3.508 millones de euros en ayudas para la digitalización hasta 2024. Así figura en el documento enviado a Bruselas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que el Ejecutivo detalla 390 medidas para asegurar los 70.000 millones en fondos europeos no reembolsables. La reforma fiscal, con las subidas de impuestos que recomiende el comité de expertos, deberá entrar en vigor en el primer trimestre de 2023. Esta comisión analizará la tributación en España para acercar la presión fiscal a los niveles europeos centrándose, según recoge el papel, en la fiscalidad medioambiental, la corporativa, la de la economía digital, la de las nuevas actividades y la armonización de los impuestos sobre la riqueza. (El País)

Las multinacionales cotizadas ignoran el acuerdo del G7. (Cinco Días)

El impuesto mínimo del G-7 no se podrá aplicar en Europa. Irlanda y Hungría desafían la decisión con un bloque opositor “Sin Facebook y con muchos Amazon el mundo sería mejor”. (El Economista)

Sir Angus Deaton: "sin Facebook y con muchos Amazon, el mundo sería mejor". (El Economista)

El Gobierno quiere limitar la duración del contrato temporal por causas productivas a seis meses, o un año como máximo, si así lo establece el convenio sectorial. Se recorta así el periodo máximo actual de tres años, contemplado en el contrato por obra o servicio, que puede ampliarse hasta cuatro años por convenio colectivo. En la reforma laboral que el Gobierno está negociando con la patronal y los sindicatos, el contrato por obra o servicio va a desaparecer, precisamente, para intentar reducir el número de trabajadores temporales. En estos momentos, son cuatro millones de personas, el 25% de los 16 millones de asalariados. (Expansión)

El PNV eleva la presión sobre el Gobierno para que le traspase ya la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que supondría la primera grieta en la caja única de la Seguridad Social. Para el grupo vasco la «relación amistosa» con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está en juego, lo que supone una clara amenaza con no prestar apoyo a los textos que remita al Congreso o plantearle una dura oposición en los debates. (ABC)

El Ministerio de Sanidad ultima un plan de fomento para los medicamentos genéricos (y biosimilares). La medida más relevante de esta estrategia es establecer una diferencia de precio entre estos fármacos y su referencia de marca durante el primer año de comercialización efectiva. Así consta en un documento de Sanidad al que ha tenido acceso este medio y que también plantea un copago para el que quiera adquirir el medicamento original. (El Economista)

Más de 400 empresas españolas, con Repsol y Telefónica a la cabeza, siguen con el máximo interés el recuento de las elecciones peruanas del pasado domingo. España es el principal inversor en el país andino, con más de 15.000 millones de euros en juego, y prevé seguir siéndolo al margen del futuro presidente. Eso sí, la victoria del candidato de izquierdas revertirá décadas de política neoliberal. (El Economista)

El gigante textil Inditex volverá a registrar crecimientos interanuales en un trimestre tanto en ventas como en beneficios por primera vez desde que comenzó la crisis sanitaria, según los expertos. Lo hará en el primer trimestre de su año fiscal, cuyos resultados hará públicos mañana miércoles, y por motivos obvios: el mismo periodo del año anterior estuvo marcado por el confinamiento y el cierre de su red de tiendas físicas en prácticamente todo el mundo, y que provocó las primeras pérdidas de su historia. Un año después, la situación parece más normalizada aunque a la compañía radicada en Arteixo le queda margen para volver a los niveles anteriores a la crisis sanitaria. (Cinco Días)

El grupo propietario de Antena 3 está más cerca de alcanzar los datos previos a la pandemia. Según las estimaciones de los analistas que lo siguen en FactSet, cerrará 2021 con una facturación de 947,6 millones, un 9,38% más que en 2020 y la previsión se ha incrementado además un 3,15% en los últimos cinco meses. En 2020, en plena crisis por el Covid-19, sus ingresos cayeron un 16,7%, hasta los 866,3 millones. Si las estimaciones del mercado no fallan, terminará el año cerca de los niveles de 2019, cuando facturó 1.039,4 millones. (El Economista)

La china Tianying (CNTY) ha sacado buen provecho a su paso por la española Urbaser. Compró la firma a ACS en 2016 por un valor de empresa de 2.300 millones y lo vende ahora al fondo estadounidense Platinum un 50% por encima. Ambas partes anunciaron ayer el acuerdo de compraventa por 4.200 millones de dólares (3.454 millones de euros), lo que incluye una deuda de unos 700 millones de euros. Cinco años atrás, el grupo que preside Florentino Pérez ya obtuvo una plusvalía de 357 millones. (Cinco Días)

Telefónica y Liberty Global han sentado las bases de las operaciones de la nueva teleco británica, surgida de la fusión de sus respectivas filiales, O2 y Virgin Media, que empezó sus actividades de forma oficial la pasada semana. De momento, han establecido la vía para la salida a Bolsa de VMED O2 UK Limited a partir de 2024, cuando se cumpla el tercer año desde el cierre de la transacción. Así figura en el acuerdo de accionistas establecido por ambos socios. (Cinco Días)

La gran banca española pisó el acelerador durante el año de pandemia para reducir su factura. Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell bajaron sus gastos de explotación (aquellos en los que incurren en su actividad principal) en unos 700 millones de euros entre el primer trimestre de este año y el mismo periodo de 2020, cuando se declaró la pandemia por el Covid. Los ejecutivos bancarios tienen claro que deben estrechar al máximo los costes para sobrevivir a la era pos-Covid ante la perspectiva de que los tipos de interés bajos se alargarán en el medio plazo. Los cuatro grandes grupos bancarios españoles suman 9.211 millones de euros en su partida de gastos de explotación a cierre de marzo, según las últimas cuentas publicadas. Se trata de una reducción conjunta del 7% respecto a los tres primeros meses de 2020. (Expansión)

El próximo rescate del fondo para empresas estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) coge vuelo. La aerolínea de capital italiano AlbaStar, que como adelantó elEconomista ha solicitado 25 millones al Gobierno a través de este instrumento, solo tiene el 2,25% de su negocio en España. Esta es la idea que se desprende del análisis de las cuentas del último ejercicio, terminado el 31 de octubre de 2020, en el que perdió 9,6 millones de euros, según los datos consultados por este medio. (El Economista)

La CNMV pone la lupa en el boom de las energías renovables. El supervisor ha iniciado una revisión de las cuentas de los últimos ejercicios de todas las compañías con intereses en energías verdes que cotizan en la Bolsa española, según el folleto de registro de Acciona Energía. El objetivo es unificar el criterio con el que computan los beneficios obtenidos por las plantas construidas antes de 2013. (Cinco Días)

Las empresas del Mercado Continuo vuelven a beneficios hasta marzo por la recuperación económica y dejan atrás un 2020 nefasto por el impacto del Covid. Entre enero y marzo de 2020, las cotizadas perdieron 1.115 millones de euros. (Expansión)

La interposición de una denuncia por malos tratos, con la consiguiente apertura de un procedimiento penal, bastará para privar del régimen de visitas al progenitor que no tenga la guarda y custodia en un proceso de separación o divorcio. Así lo señala la nueva redacción del artículo 94 del Código Civil que se ha introducido en la ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, aprobada en el Congreso el pasado 2 de junio. La modificación, que entrará en vigor el próximo mes de septiembre, está causando enorme preocupación en el mundo jurídico, no solo por la introducción sorpresiva de un asunto vinculado a la violencia de género en una ley relacionada con la discapacidad, sino por el mal uso que se puede hacer de la denuncia por parte de uno de los cónyuges frente al otro en un proceso de separación o divorcio. Fuentes jurídicas alertan de que esta regulación puede aumentar de forma exponencial las denuncias contra el otro progenitor al haber cambiado la ley el criterio inicial del juez por el automatismo de la decisión. (ABC)

El Gobierno, se sirve frecuentemente de la 'puerta de atrás': usa nuevas leyes para cambiar las vigentes. La reforma del régimen de visitas de menores a través de un texto sobre discapacidad es la última de la larga lista de modificaciones legales que el Gobierno socialista está llevando a cabo por la ‘puerta de atrás’: utilizando un nuevo texto legal -ya sea decreto-ley o ley- para cambiar disposiciones ya vigentes, aunque sean de materias completamente distintas. De este modo, el Ejecutivo ‘cuela’ al Congreso reformas que obvian el procedimiento legislativo ordinario, sin el preceptivo debate y la mayoría de veces utilizando la fórmula del decreto-ley que no permite enmiendas. (ABC)

En Moncloa, sin embargo, ponen coto a las pretensiones de Junqueras y las enmarcan en los cauces de la legalidad. Celebran el paso al frente dado por el líder independentista, pues es la primera vez que ERC rompe con la vía unilateral públicamente y opta por negociar un referéndum pactado. Esta vía del referéndum pactado sería una fórmula para buscar un nuevo encaje entre España y Cataluña que tuviera un respaldo mayoritario y no la división actual, en dos mitades, de la sociedad catalana, que ha provocado la deriva soberanista. En el Gobierno abogan por reconducirlo hacia una reformulación del Estatut que pueda ser avalado en las urnas y en los parlamentos español y catalán. En este nuevo Estatut se promovería la actualización de la financiación, reformando el sistema que lleva pendiente desde 2013 con mayor participación de los territorios y asegurando una justa distribución de los recursos públicos. También avanzar en la mejora de los objetivos de déficit, sin afectar a la recuperación económica, y en el cumplimiento de los compromisos de inversión, así como de la autonomía financiera y tributaria de Cataluña. (La Razón)

El ex comisario José Manuel Villarejo avisó el 29 de abril de 2013 al jefe de gabinete de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha de «problemas» con «el último informe de Morocho» que señalaba al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como uno de los perceptores de sobresueldos, según consta en una anotación incluida en las agendas del mando policial. Precisamente ese día el inspector Manuel Morocho, jefe del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que se encargaba de las investigaciones del «caso Gürtel» y de la de los «papeles de Bárcenas», trasladó a su superior, el comisario jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, José Luis Fernández Gudiña, un informe con seis anexos que concluía que las anotaciones de Bárcenas con las siglas «M.R», «Trajs. Mariano» y «M. Rajoy», se referían al entonces presidente, tal y como informó LA RAZÓN. (La Razón)