Irene, el rayo que no cesa. Parece que la titular de Igualdad no consigue comprender que hay homosexuales que acuden libremente, porque les da la gana, a charlas para volver a la heterosexualidad. Insisto: nadie les obliga. Lo hacen en uso de su libérrima voluntad. 

Pero, la señora Montero quiere protegerlas y para eso su ministerio impulsará una de Ley de Igualdad LGTBI y una Ley Trans. Ambas dos abordarán la lucha contra las terapias que persiguen curar a estas personas al considerarlas enfermas. ¿Y cómo abordarán esa lucha? Pues, por ejemplo, imponiendo sanciones a quienes ofrecen ayuda a los homosexuales que quieren ser ayudados. Es el caso de la "coach" Elena Lorenzo multada por la denuncia de la Asociación Arcópoli para la defensa de los derechos y libertades LGTBI  que consideran sus cursos "terapias ilícitas". 

Lorenzo fue multada en 2019 por la Comunidad de Madrid, que le impuso una sanción de 20.001 € por ayudar a personas con atracción al mismo sexo, lo que para las autoridades madrileñas significaba ofrecer terapias para “curar la homosexualidad”.

De nuevo la Comunidad de Madrid, regida por el Partido Popular, secundó al lobby LGTB y a medios informativos, extraordinariamente progresistas, en la campaña, otra más, contra el obispo de Alcalá de Henares, Reig Pla, sólo porque este obispo -uno de los pocos en España- habla y no calla, y se dedica a repetir la doctrina católica sobre la homosexualidad y aplicando su práctica: acoger al homosexual pero condenar las prácticas homosexuales (catecismo de la Iglesia Católica, puntos 2357-2359).

Sanciones como esta demuestran, señora Montero que la ley que promueve ahora su ministerio para perseguir esas charlas, ya existe. Pero a la titular de Igualdad le interesa dejar claro que se preocupa de los más vulnerables y de que si se implanta la ley a nivel nacional, será ella quien rubrique la norma. 

Al final, lo que pretende la ministra es que el verdugo pase por víctima, cuando es la propia ministra la que quiere prohibir a golpe de BOE que, por una parte, una persona imparta esas charlas y, por otra, que haya quienes asisten a ellas libremente. 

Recordemos que hasta el ministro del Interior, en junio de 2019, en una entrevista publicada en el suplemento La Otra Crónica del diario El Mundo,  respondía a la pregunta: ‘Como juez, ¿cree que son legales las terapias para reorientar la homosexualidad?, a lo que el titular de Interior respondió: "Cada uno puede someterse, si lo hace voluntaria y libremente, a esas terapias, algo que yo dudo mucho que se haga conscientemente porque es la negación de uno mismo. Ya no voy a hablar de legalidad ni de ilegalidad, el trasfondo es de mayor entidad, es la negación de la identidad humana".

Por otra parte, y como uno de los ejes de las políticas LGTBI, Montero insiste en la corrupciòn de menores, al pretender implicar al ámbito educativo en todas las etapas, lavando el cerebro a los niños desde su más tierna infancia. 

Montero que ha expuesto las líneas de trabajo de su departamento en el Senado, mientras la oposición, especialmente PP, Ciudadanos y Vox (que habla incluso de "inútil ministerio") han criticado a la ministra por el hecho de que Unidas Podemos votara en contra de una comisión de investigación en Baleares sobre el caso de los menores tutelados prostituidos ha vuelto a esquivar estas cuestiones. 

En resumen, cuando Montero y sus paladines de la ideología de género aseguran que van a luchar por algo es que van a prohibir algo y cuando aseguran que alguien está imponiendo algo es que pretenden censurarle y, si fuera posible, por delito de odio, naturalmente, meterle en chirona.