Alguno recordará la comparecencia en el Congreso de los responsables de las cajas de ahorros Ontinyent, Pollença y de Ingenieros, en 2018, en el marco de la comisión que investigaba la crisis financiera. Todos los partidos políticos sin excepción aplaudieron su exposición y les agradecieron la gran labor social que siguieron haciendo durante la crisis.

Curioso, porque quienes acabaron con las cajas fueron el PSOE y el PP, que en 2010 aprobaron la LORCA, la ley que significó el principio del fin de las cajas.

Lo cierto es que Ontinyent y Pollença no han bajado la guardia desde entonces y han logrado superar con nota la pandemia. En el caso de Colonya-Caixa d’Estalvis de Pollença, con un beneficio de 3,1 millones de euros en 2021, superior al de 2020 (2,1 millones), aunque inferior a los 3,8 millones de 2019.

En el caso de Caixa Ontinyent, la recuperación ha sido más notable, con un beneficio de 9,9 millones, más del doble del obtenido en 2020 (4,5 millones) y muy superior, incluso, a los 5,8 millones de 2019. Y lo más importante, tanto Ontinyent como Pollença siguen realizando una labor social insustituible, que constituye, además, su primer objetivo.

Ninguna de las dos cajas son ajenas al complicado momento que vive el sector financiero. Las dos esperan como agua de mayo, y como el resto de entidades, que el BCE suba los tipos de interés, aunque sea de forma mínima. Porque si hay algo que no les está ayudando es la regulación, cada vez más asfixiante, y a la que ahora se sumará el tsunami burocrático de la redicha sostenibilidad.

No es ninguna broma. El Ceo del Sabadell, César González Bueno, calificó de “descomunal” la presión regulatoria del BCE, una presión que notan mucho más las pequeñas entidades. Ya en 2018, los servicios centrales de Pollença empleaban el 80% de su tiempo en cumplir con la regulación. En su mayor parte, verdaderamente superflua y/o absurda.