En uno de sus últimos informes, el Tribunal de Cuentas llega a interesantes conclusiones que demuestran la brillantez de Gobierno y de la Ministra responsable en materia de vivienda.
Según expone el organismo fiscalizador, el Sepes, la Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), y que se ha convertido en la encargada de gestionar el parque residencial público que pretende ampliar el actual Gobierno, lo está haciendo entre mal y regular. El auditor analiza su actividad entre 2018 y 2023, y cuestiona su eficacia, con retrasos y con planes que tienen mayores costes de mantenimiento y conservación.
Los retrasos los achaca a “la complejidad de su tramitación, con mucha burocracia y exigencias normativas, y a la distribución de competencias entre autonomías” durante el periodo analizado. Y pone como ejemplo casos como la Operación Campamento de Madrid o los terrenos del Regimiento de Artillería de Sevilla o lo del Parque Central de Ingenieros y el Cuartel y la Maestranza de Artillería de Valencia. Así, en once de las dieciocho actuaciones residenciales en desarrollo urbanístico hay retrasos.
Y es que, el Tribunal asegura que en estas once actuaciones hay "plazos de ejecución muy dilatados que distancian más allá de lo razonable": ninguna de ellas había finalizado a la fecha de cierre de la fiscalización y "todas registran incidencias o demoras importantes". El organismo insta al SEPES, de hecho, a "estimar unos plazos de ejecución realistas".
Además, “en la fase de comercialización, se constata que promociones iniciadas hace más de una década no habían completado su venta al cierre de la fiscalización, lo que genera gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles pendientes”.
Y pone de relieve que, además de la poca vivienda que se está construyendo, se está haciendo sin un "estudio de demanda de vivienda". Es decir, no se está estudiando si en la zona se necesita vivienda pública: "se recomienda a SEPES que incluya un estudio de demanda de vivienda de los posibles emplazamientos geográficos", advierte el Tribunal de Cuentas.
Además, se insta a establecer "criterios para la priorización de las diferentes alternativas, estime unos plazos de ejecución realistas y haga un seguimiento para que lo ejecutado se ajuste a lo planificado, de manera".
El Tribunal de Cuentas pone el ejemplo de Mieres (Asturias), donde el 30% de los pisos no se han conseguido ocupar, incluso bajando el precio: "La falta de demanda en el ámbito geográfico de la actuación ha determinado que SEPES haya tenido que llevar a cabo sucesivas disminuciones de los precios de venta de las viviendas sin que, no obstante, se haya conseguido vender la totalidad de la promoción".
