España está sufriendo una de las grandes paradojas económicas de nuestra era. De un lado, una urgencia acuciante: el mercado demanda hasta casi dos millones de viviendas nuevas. Del otro, el “colapso” de la industria que debe construirlas. Lo que fue un sector boyante y la gran vía para "ganar bastante dinero" a principios de siglo, erigiéndose en la locomotora de la economía española con casi 3 millones de empleos (el 14% del total), ha pasado a convertirse en un enfermo crónico con carencia de socorristas cualificados.

La patronal, la CNC, no se anda con paños calientes y señala que el sector necesita incorporar urgentemente unos 700.000 nuevos profesionales de la obra. La pregunta es sencilla: si antes abundaban las ofertas y venían migrantes del Este en masa, ¿por qué hoy nadie quiere ponerse el casco y subirse a los andamios en España?

La respuesta es un cóctel amargo de trauma histórico, pésimas condiciones y excesivo intervencionismo. La crisis hipotecaria de 2007/2008 no solo pinchó la burbuja sino que provocó también un "terremoto" que cambió la percepción para siempre. La construcción dejó de verse como un "ascensor social" o un camino de éxito fácil, para ser sinónimo de inestabilidad laboral.

Hoy, la ocupación ha bajado a casi la mitad. El sector ha perdido a la mayoría de sus jóvenes, unos 300.000, agravando un envejecimiento de la plantilla que anticipa más jubilaciones que relevos.

Muchos profesionales cualificados (ingenieros, arquitectos, jefes de obra) y trabajadores manuales han hecho sus maletas. Ganando casi lo mismo que un peón raso, han preferido emigrar fuera de España para conseguir condiciones y remuneraciones acordes a su cualificación, o se han reorientado a sectores percibidos como más estables. 

l sector ha perdido a la mayoría de sus jóvenes, unos 300.000, agravando un envejecimiento de la plantilla que anticipa más jubilaciones que relevos

No es un secreto que los salarios en España son significativamente más bajos que en la mayoría de países europeos. Mientras el SMI ha subido, los sueldos están devaluados con los ajustes del ingreso mínimo vital, el pago de impuestos récord y de ciertas ayudas estatales a los más desfavorecidos que hacen rechazar ofertas de empleo para no perderlas.

El trauma del ladrillo en España es tanto de fondo como estructural. Los constructores denuncian un entorno asfixiante con la presión fiscal y la carencia prácticamente de formación cualificada que encarece el coste de la mano de obra. Los  salarios están intervenidos por la Administración a base de cada vez más costes laborales, cotizaciones sociales e impuestos de todo tipo. Aunque un peón pueda cobrar unos mil trescientos euros netos en algunos casos, esto contrasta con la enorme losa de impuestos sobre  los patronos en general y la baja atractividad repentina de trabajar en el sector a pesar de las muchas vacantes existentes. 

Los empresarios de pymes/autónomos lo tienen claro: si bajaran las retenciones y cotizaciones podrían mejorar la remuneración, sus condiciones laborales a los trabajadores para hacer más atractivo el empleo en el ramo y aumentar plantilla.

Según datos del INE, los costes laborales en el ladrillo (que incluye salarios, cotizaciones sociales y pagas extraordinarias) subieron en el segundo trimestre del 2025 un 4,3% interanual, hasta situarse en 3.283,67 euros mensuales brutos por trabajador. Esta es la más alta de la serie histórica y supera el promedio del conjunto de la economía. 

El fracaso de la mejora salarial nos ha puesto en un punto muerto. Como ocurrió en su día con rumanos, búlgaros, polacos y croatas, ahora que los salarios españoles se han equiparado a los del Este europeo, muchos han optado por retornar a sus países de origen o buscar mejores condiciones en Centroeuropa.

Los constructores denuncian un entorno asfixiante con la presión fiscal y la carencia prácticamente de formación cualificada que encarece el coste de la mano de obra. Los  salarios están intervenidos por la Administración a base de cada vez más costes laborales, cotizaciones sociales e impuestos de todo tipo

En comarcas industriales como el Vallés (Barcelona), hay  pymes constructoras que sufren la desafección por la falta de trabajadores. En algunas empresas familiares están casi al 50% de plantilla ocupada y padecen las consecuencias de la escasez de profesionales cualificados. Hay tanto españoles que rehúyen el trabajo del ladrillo  como sobre todo el colectivo de  magrebíes—en otros tiempos codiciados— que demandan cobrar en B (negro) para no perder otras ayudas estatales  que perciben.

LA SOLUCIÓN NO ES LA INDIA NI CHINA 

El verdadero reto no es solo la carencia de peones, albañiles, yeseros, carpinteros, encofradores, etc para las obras. El volumen del problema es cualitativo porque cada vez se necesitan al mismo tiempo profesionales cualificados para una construcción más moderna y eficiente. Aquí falla estrepitosamente la formación especializada (FP). 

En pleno siglo XXI, en España se sigue empleando el patrón del “learning by doing”, es decir, la enseñanza práctica a pie de obra y sin pasar por las aulas como método más efectivo para el mercado como hacen en otros países con justificados salarios más altos. Pretender equiparar salarialmente a un trabajador español sin apenas preparación al día con un obrero cualificado centro-europeo no tiene sentido.

Hay además una crisis crónica de falta de mano de obra en el ladrillo español con una productividad a la baja. También existen unas carencias aún mayores de ciclos formativos duales especializados para que puedan cubrir perfiles técnicos para la edificación industrializada, la digitalización, la eficiencia energética o la robotización en la construcción.

Ante la desesperación del sector para suplir este gap laboral, muchos empresarios en España se ven obligados a recurrir a trabajadores de países como India y Pakistán. ¿La razón? Están acostumbrados a salarios más bajos en sus países de origen en comparación a los ya de por sí devaluados sueldos en España.

Pero esta es una solución a corto plazo y con fecha de caducidad. Es fácil adivinar el día que ocurra lo mismo con estos y otras nacionalidades, es decir, cuando los salarios en sus países mejoren y sigan gozando de menos presión fiscal con un coste de vida más llevadero, volveremos a sufrir en carne propia un nuevo cuello de botella y un agravamiento de la crisis en las obras.

La burocracia, la excesiva reglamentación, los costes laborales, la fiscalidad elevada (al patrón y al trabajador), la baja cualificación formativa continuada así como la elevadísima abstención laboral sin vías de solución (sólo en Cataluña bate récord con  casi el 9% de tasa abstencionista)  influyen negativamente en esta industria como salida profesional. La guinda del pastel son las ocurrencias políticas como aquellas de alargar los permisos por defunción hasta 10 días (según propone el Ministerio de Trabajo) o encarecer los despidos que obliga a mantener a un trabajador durante una serie de  meses aunque no rinda lo que se le pide, no ayudan al futuro de las empresas del ramo a mantenerlas en pie.

Ante la desesperación del sector para suplir este gap laboral, muchos empresarios en España se ven obligados a recurrir a trabajadores de países como India y Pakistán

 A esto se le une el anuncio de un sablazo de nuevas cotizaciones sociales  a los autónomos entre 200 y 800 euros al mes el próximo año, así como la obligatoriedad de usar un nuevo software que impone Hacienda a partir de  enero 2006  para imputar todas las facturas de forma digital (Verifactu), y que según el caso supone un gasto adicional entre 50 y 500 euros/mes,  sin evitar por ello tener que seguir acudiendo al gestor que lleva las cuentas.

Por eso, el futuro de la industria que representa 87.000 empresas de la construcción en España (mayoritariamente pymes) es dual: requiere tanto un esfuerzo por la modernización tecnológica y formativa, así como una revalorización profunda de las condiciones para atraer tanto a jóvenes españoles como a la mano de obra extranjera  cualificada.

Para mitigar este impacto y la escasez, las empresas están recurriendo a la industrialización y prefabricación para reducir plazos de ejecución (hasta un 30%) y la dependencia de personal en la obra.

La clase política tiene una responsabilidad ineludible como es poner coherencia y estabilidad en una industria puntera que en otros tiempos tiraba del carro de la economía nacional y además pretende dar salida al más que enojoso problema social de falta de vivienda desde hace lustros. De lo contrario, seguiremos construyendo nuestro futuro con pies de barro. 

No son pocos los constructores y trabajadores especialmente del Este europeo especializados en el ladrillo que ven con preocupación cómo España está yendo atrás en la historia y emulando a sus antiguas economías comunistas:  la descontrolada corrupción política, el intervencionismo del Estado, los insaciables impuestos para engordar el  fisco (pero sin retorno en mejora de servicios e infraestructuras), las exageradas ayudas estatales a cierta clase de trabajadores que desincentivan el empleo y la burocracia están deconstruyendo a marchas aceleradas el mundo de la construcción. 

Al final, ciertos observadores temen que de no darse un volantazo urgente en España, ocurrirá como en otros sectores estratégicos como el tecnológico, el energético o el automóvil. Vendrán los chinos a barrer e imponer sus esquemas verticales de construcción modular industrial -como está ya ocurriendo en algunas obras subcontratadas con plantilla propia y capataces chinos- desplazando los esquemas de trabajo y personal nacionales. Será un desastre tener que admitir que el capitalismo en esta industria también está siendo desahuciado por la competencia de potencias y trabajadores de países comunistas de Asia.