El presente ejercicio 2025 va camino de ser histórico para Talgo, pero desde un punto de vista negativo, en buena parte por la ineptitud y el sectarismo del Gobierno Sánchez, que rechazó, por motivos ideológicos, una oferta del consorcio húngaro Ganz-Mavag (noviembre 2023) que valoraba la compañía en 619 millones de euros, esto es, 5% por acción. Este miércoles cotiza a 2,62 euros por título.
Los resultados del primer semestre son malos, con unas pérdidas de 65,7 millones de euros -en junio de 2024 ganó 14,6 millones- tras reducir los ingresos un 22%, hasta los 270,1 millones. El ebitda fue de -16,5 millones, que contrasta con los 28,6 millones positivos del año anterior.
El deterioro del negocio, consecuencia del problema de capacidad industrial de la compañía, ha llevado a un preocupante aumento de la deuda, que alanzó los 467 millones de euros, un 15,6% más que en diciembre de 2024. El apalancamiento actual supera diez veces el ebitda, algo completamente insostenible y que urge una solución en el corto plazo.
Precisamente, la compañía aprobó la entrada de la SEPI en su capital, durante la Junta de Accionistas celebrada en agosto, como informó Hispanidad. El holding público aportará 75 millones de dinero de todos los contribuyentes y se hará con el 7,8% del capital. El accionista de referencia será el consorcio vasco liderado por Sidenor, con el 29,7% del capital, todavía en manos de Trilantic.
En definitiva, Talgo necesita como el comer que se aclare su futuro accionarial. Mientras no lo haga, el negocio se seguirá resintiendo, con más retrasos en las entregas -como el de Los Ángeles- y la reducción de pedidos como el de la alemana Deutsche Bahn (de 79 a 60 trenes). ¡Ah! y con los costes financieros creciendo a marchas forzadas.
