Ocurrió en el Consejo de Ministros del martes 19. Por supuesto, la ministra Portavoz, Pilar Alegría, no hizo la menor mención al asunto. Pero, cuando uno repasa la referencia que elabora la propia Moncloa, observa algo harto interesante. Por supuesto, perdido en el último ministerio reseñado, el de Función Pública, de José Luis Escrivá, y, por supuesto, no bajo la fórmula de ‘Decreto’ sino de ‘Acuerdo’. Y así, en el penúltimo párrafo de una tediosísima referencia nos encontramos con la siguiente perla: “ACUERDO por el que se autoriza a personal directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para ejercer la presidencia y participar en más de dos consejos de administración”. En mi modesta opinión, dos líneas que valen por toda una ley orgánica, además de un mero acuerdo del gabinete que no tiene por qué pasar por ningún control legislativo. Ojo al dato: el Gobierno no ha tenido ni tan siquiera la delicadeza de hablar del nombramiento de consejeros, directamente se refiere al nombramiento de presidentes.

Y los que quieran seguir siendo privados/independientes deberán actuar al servicio de la Moncloa

En otras palabras, tal parece que el Gobierno se abre la puerta, ya veremos si la traspasa o no, para nombrar, mismamente, al presidente de Caixabank, donde participa con un 17%, al de Indra, donde participa con un 28%, o la mismísima Teléfonica donde todavía no participa, pero ya ha anticipado que participará, en principio, nada menos que con un 10% del capital. No sé yo si José Stalin se hubiese atrevido a tanto, pero lo que es seguro es que lo hubiese mantenido tan en secreto como Pedro Sánchez. A todo esto, habla de representantes de la SEPI, la mayoría de ellos sin ningún bagaje en gestión empresarial. 

Al final, estamos hablando de empresas privadas con una participación siempre accionarial del Estado. Y aunque no se llegase a ejecutar la amenaza, el aviso queda en pie: pobre de aquella empresa privada, sobre todo en sectores regulados, que se atreva a discrepar del poderoso Pedro Sánchez. 

Nota al margen: se me podrá decir que la SEPI no es propietaria del 17% de Caixabank. Es cierto, lo es el FROB. Pero ambos son el Estado y ambos los dirige el Gobierno. 

Y a todo esto, ¿qué pasa con los accionistas privados de una empresa privada controlados por el sector público? La respuesta es demasiado evidente como para detenernos en ella.