España es una potencia agroalimentaria europea. Aporta el 13% del valor añadido bruto (VAB) del sector, considerando el conjunto de la cadena de valor, formado por la producción, industria y comercialización. En clave nacional, en 2025 generó el 9% de la economía española y empleó a 2,6 millones de personas, el 11,5% del empleo total y por encima del 9,8% de la UE-27, según el Observatorio Agroalimentario Cajamar 2025, presentado este jueves.
Todo esto está muy bien, no obstante hay un ‘pero’ importante que estropea el cuadro: España es muy competitiva en este sector (un 17% mayor que los líderes de la UE-14), no porque la productividad sea elevada, sino porque los costes laborales son un 18% inferiores a los de la media de la UE-27. Y si tenemos en cuenta que el país tiene unos elevadísimos impuestos al trabajo, tenemos que un empleado español del sector cobra, en neto, menos del 18% que su homólogo europeo.
Para el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, sin embargo, cerrar esta brecha salarial no es uno de los retos importantes del sector. “La fortaleza de los datos no debe llevar a la autocomplacencia, poque el sector afronta importantes desafíos, principalmente los derivados de la incertidumbre geopolítica y del cambio climático, y también por la necesidad del relevo generacional”, afirmó Luis Planas, durante la presentación del informe.
¿Y qué tal, señor ministro, si empezamos bajando o suprimiendo las cuotas sociales para los empleados del campo o, mejor aún, para todos los trabajadores de España? A estas alturas del siglo XXI, la competitividad de España no puede basarse en salarios bajos. Ni en este sector ni en ninguno.
