El Congreso de los Diputados ha retomado este lunes la actividad parlamentaria y lo ha hecho debatiendo la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para entendernos: el techo de gasto, que el Gobierno Sánchez lo ha situado -techo de gasto no financiero- en 196.142 millones de euros para 2022, un récord histórico que tardaremos en olvidar. El gobierno lo tiene fácil -no el debate, sino cumplirlo- porque Bruselas ha suspendido las reglas fiscales (déficit público por debajo del 3% y deuda pública del 60% del PIB como máximo) hasta 2025, con motivo de la crisis económica desatada por las restricciones impuestas por la pandemia.

¿Comprenden? Primero, el Gobierno prohíbe trabajar y luego se endeuda para apoyar a los que ha arruinado previamente… y que serán los que al final paguen esa deuda, vía impuestos. Es genial.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha fijado el déficit público de 2021 en el 8,4% (2020 cerró en el 11%) y del 5% en 2022 con el objetivo de retomar el compromiso con Europa en 2025. Para entonces, todos calvos. De la deuda pública, actualmente en el 124% del PIB, ni hablamos.

La política fiscal de ‘Marizú’ es suicida porque se basa en dos premisas: o Bruselas cambia las reglas presupuestarias o prorroga la barra libre de gasto unos años más. ¿Y si no sucede ninguna de las dos? No lo descarten.

El PP se abstendrá a la hora de votar, aunque su portavoz, Elvira Rodríguez, ha calificado las intenciones de la ministra de “pan para hoy y hambre para mañana”. Rodríguez ha alertado, además, de que la inflación actual puede desembocar en estanflación (aumento de precios con estancamiento económico), situación altamente indeseable.