El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es un tributo que se aplica bajo competencia autonómica en España. Esto quiere decir que cada Comunidad Autónoma tiene margen para regularlo. Primero fue Esperanza Aguirre en Madird y durante los últimos años, algunas regiones como Andalucía o Murcia han aprobado medidas para reducir el impuesto dentro de los límites estatales. En el caso de la capital de España se hace mediante una bonificación del 99% del impuesto. El famoso "dumping" fiscal de Madrid con el que Marisu siempre ataca a Ayuso.

Muchos, como es lógico todo sea dicho de paso, ven este impuesto como injusto e innecesario: en Europa practicamente no existe y en España es una auténtica barbaridad que por hacer donaciones o testar a los hijos se impongan las condiciones draconianas que imponen las comunidades autonómicas de izquierda (y algunas de derechas). 

El impuesto de sucesiones y donaciones grava las transmisiones que se producen por donación mortis causa, que son las sucesiones, o las inter vivos que son las donaciones en sentido estricto. Es decir, es un impuesto que grava la transmisión de bienes, normalmente a familiares. Es más, hablamos de bienes que el donante ha adquirido a lo largo de su vida gracias a su esfuerzo y trabajo y por los que ya pagó impuestos, por ejemplo el IVA o el IRPF. 

Y es curioso el estudio que publica hoy el Banco de España: El posible impacto recaudatorio de algunas reformas hipotéticas del impuesto sobre sucesiones y donaciones, de Isabel Micó y Roberto Ramos. Decimos curioso porque viendo los datos se entiende un poco mejor la deseada 'armonización fiscal' de Marisu. 

En 2023, los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) alcanzaron el 0,23% del PIB en España, lo que sitúa a este tributo -entre aquellos cuyo rendimiento está cedido completamente a las CCAA- como el segundo en términos de recaudación, por detrás del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (0,73% del PIB) y por delante del impuesto sobre el patrimonio (0,11% del PIB).

En 2023, "los ingresos más elevados correspondieron a Illes Balears, seguida del Principado de Asturias, Cataluña y La Rioja, todas ellas con una recaudación por encima del 0,3% de su PIB. En el otro extremo, Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia obtuvieron los menores niveles de recaudación, por debajo del 0,15% del PIB".

Es más, los ingresos públicos asociados al ISD alcanzaron el 0,23 % del PIB en España, ligeramente por encima del 0,15 % recaudado en la media de la Unión Europea. Ya es una barbaridad el dato, estamos hablando de un punto porcentual más, pero es que si no contáramos con comunidades que lo bonifican, estaríamos hablando de seis puntos porcentuales por encima de Europa: "si todas las CCAA fijasen los parámetros del ISD en los niveles que contempla la ley estatal que sirve como referencia para este tributo, la recaudación podría elevarse en 0,5 puntos porcentuales de PIB, hasta el 0,7 %".

Una barbaridad, se mire como se mire, y más si hablamos de un impuesto injusto tanto para ricos como para pobres, pero que encima afecta más a la clase trabajadora. Juan Español que hereda el piso que sus padres compraron y pagaron con el esfuerzo de su trabajo y por el que abonaron todos los impuestos, ahora tiene que volver a pagar por él, y encima con el riesgo de que los gravámenes por herencia sean incluso superiores al valor del bien heredado. 

Pero volviendo a ese 0,7% del PIB que supondría el ISD si se lograra la armonización fiscal, ¿qué supone? ¿por qué el Gobierno quiere 'fastidiar' a todos los españoles? Pues la respuesta la podemos encontrar hoy mismo en Sevilla, donde nuestro presidente ha anunciado en la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre la Financiación al Desarrollo un refuerzo de la cooperación española, con una hoja de ruta para garantizar que en 2030 se destinará a ella el 0,7% del PIB. 

Sánchez ha insistido en que España y su Gobierno dan un paso adelante, mientras otros países cuestionan el multilateralismo y retiran masivamente sus programas de ayuda, en cara referencia a la Administración Trump que ha reducido los fondos al desarrollo. Lógico, se enteró de que ese desarrollo no era más que Agenda 2030 y que con el dinero de los estadounidenses se financiaba el desarrollo de, por ejemplo, una clínica de cambio de sexo en la India. 

En España, nuestro presidente prefiere seguir gravando a los españoles para destinar, por ejemplo, "315 millones de euros en salud global; 500 millones para combatir el cambio climático; y otros 725 millones para promover los derechos humanos y la acción humanitaria".