Lo de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) se las trae. Pero vamos con la noticia: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la Generalitat a pagar 304,4 millones de euros a Acciona por la liquidación del contrato de concesión de ATLL, dictada por el Tribunal Supremo en 2018 por irregularidades en la contratación. Como decimos, un lío.

Resumiendo: en 2012, la Generalitat adjudicó la gestión de ATLL a Acciona durante 50 años por 1.000 millones de euros, una adjudicación que fue impugnada por Agbar y ganada en los tribunales en 2018. El caso es que, gracias a Acciona, la Generalitat, ahogada económicamente, pudo apuntarse, tras el permiso de Madrid, un ingreso de 1.000 millones -solo recibió el pago de 300 millones- y así cumplir su objetivo de déficit.

El contrato fue impugnado por Agbar -su oferta era mejor cualitativamente hablando-, que ganó todos los recursos hasta que en 2018 el TS dictó la sentencia definitiva. El contrato de Acciona quedaba anulado y Entrecanales acudió a los tribunales para que la Generalitat le indemnizara.

En paralelo, y como venganza por el frente abierto en 2012, en 2013, Acciona llevó a Agbar a la justicia por la gestión del agua en el Área Metropolitana de Barcelona, dependiente del Ayuntamiento. Pero no nos vamos a meter en este otro jardín. Solo diremos que fue un despropósito tras otro de la alcaldesa Ada Colau, empeñada en remunicipalizar la gestión del agua en Barcelona.

Volvamos a la sentencia del TSJC, dictada en la tarde del jueves, y que puede ser recurrible. Sea como fuere, el fallo le da la razón a Acciona de manera parcial ya que Entrecanales reclamaba una indemnización de 1.064 millones. Al final se ha quedado en 304,4: 262,8 millones por el canon pagado no amortizado, 38,2 millones por otras inversiones no amortizadas y 3,3 millones por costes varios y burocráticos como la constitución de la sociedad.

En cualquier caso, esos 304,4 millones no llegarán a Acciona porque en 2019 la empresa vendió esos derechos de cobro al fondo norteamericano Fortress por 170 millones más una cantidad adicional dependiendo de la indemnización final. Sea como fuere, estamos hablando de dinero público que sale del bolsillo de los contribuyentes, no del bolsillo de los gobernantes, responsables del desaguisado.