Este martes se ha celebrado la 57ª Junta General de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID). Su presidente, Bernardo Velázquez (quien a su vez es CEO de Acerinox), ha avisado que la industria siderúrgica en España afronta este año una encrucijada clave, pues a pesar de algunos signos de recuperación en producción y consumo, el sector espera en un entorno internacional crecientemente adverso. ¿El motivo? El proteccionismo, el encarecimiento energético, la aceleración de la transición ecológica y una presión competitiva creciente desde terceros países.
Por ello, Unesid pide al Gobierno Sánchez una Ley de Industria que no deja de aplazarse, un Pacto de Estado, un Estatuto Electrointensivo con contenido, intrumentos para la transición ecológica, elevar la compensación por sobrecostes, instrumentos y ayudas a empresas sometidas al shock arancelario y abordar el problema del absentismo, que es una de las mayores fuentes de estrés de los trabajadores, al ver el absentismo de sus compañeros. Además, han reclamado una norma de masa máxima de camiones, faltan camioneros, problema que se reduciría si se pudiera transportar más carga en cada camión, reduciendo también el número de viajes, lo que contribuiría a tener menos emisiones de carbono.
Asimismo remarca que uno de los grandes problemas a afrontar en el "volantazo" europeo por la reindustralización es el 'Melt and pour', es decir, la práctica por la que el acero fabricado en otros países se cuela con denominación de fabricado en otro país diferente para venderse en el mercado europeo, cuando ha sido producido sin jugar con las mismas reglas, con peores controles laborales y con subvenciones.
2024 ha sido un año de estabilización de la actividad en Europa, si bien remarcan que ha sido desigual, con un bajón en Alemania y con España por encima de la media, según Unesid. El consumo en España creció un 6,5%, hasta alcanzar los 13,5 millones de toneladas, impulsado principalmente por el notable aumento de las importaciones extracomunitarias, que llegaron a su nivel más alto desde 2007 y representan ya más de un tercio del consumo nacional. La producción nacional también repuntó un 3,7%, hasta los 11,9 millones de toneladas, mientras que las exportaciones se estabilizaron en torno a los 7,7 millones de toneladas, frenando así las caídas de los dos años anteriores.
No obstante, se observó una creciente concentración de las exportaciones en mercados europeos, como respuesta al aumento de barreras arancelarias en países como Estados Unidos y Turquía. Esta tendencia positiva se consolida en el primer trimestre de 2025, con un crecimiento del 11,2% en la producción de acero durante el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 3,28 millones de toneladas. En términos de estructura comercial, el saldo exterior se mantiene positivo, pero con una balanza cada vez más ajustada debido a la presión de las importaciones extracomunitarias, que siguen creciendo a doble dígito en el arranque de 2025.
De cara a este año, la patronal siderúrgica, que preside Bernardo Velázquez y tiene como directora general a Carola Hermoso, ha incidido en que el crecimiento está condicionado por factores estructurales que amenazan su competitividad, entre los que destacan la competencia desleal y los costes energéticos elevados. Según Hermoso, “en España soportamos unos costes de producción del acero dos o tres veces superiores a los de nuestros competidores, como Francia o Alemania. Urge reducir la factura eléctrica mediante peajes justos y costes eficientes si queremos mantener la actividad y el empleo”. Por ello, UNESID ha reclamado una revisión profunda del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, dado que el actual marco no garantiza tarifas competitivas para la industria. “Tenemos ya los PERTE, pero necesitamos otras herramientas como los contratos por diferencias, o la aprobación de la masa máxima de camiones”.
La decisión reciente de Estados Unidos de duplicar el arancel sobre el acero europeo, hasta el 50%, ha afectado directamente a las exportaciones españolas, que superaron las 250.000 toneladas en 2024, provocando cancelaciones y la paralización de nuevas operaciones. La asociación alerta sobre el riesgo del desvío de excedentes globales hacia Europa, con el consiguiente ingreso de acero producido sin respetar estándares ambientales y sociales. Eso sí, no critican los aranceles, sino que los aplauden: "Europa tiene que tomar medidas, a lo mejor arancel no debe ser una palabra prohibida". Velázquez ha destacado que la industria trae empleo de calidad, ayuda a soportar las crisis económicas y a reindustrializar, "hablamos de todo ello", pero no se hace nada por ayudar. A su parecer, "hay que despertar conciencias porque el buenismo de Europa igual forma parte del pasado". "Con buenas intenciones no vamos a ningún lado".
Velázquez descarta cierres, pero habla de desindustrialización y la deslocalización pasiva, es decir, fábricas en España infrautilizadas o sin inversión quedando obsoletas, mientras se nutren las plantas de fuera. Para evitarlo pide un instrumento de defensa comercial permanente y eficaz, y medidas más contundentes: “Europa corre el riesgo de verse inundada de acero mundial no sostenible si no actúa ya”.
El presidente de UNESID, advierte que “Europa corre el riesgo de verse inundada de acero mundial no sostenible si no actúa ya”. Asimismo, ha querido posicionarse acerca del futuro de las empresas españolas del sector. “Estamos en un momento crítico en toda la siderurgia europea, y será peor, porque en 2026 finalizan las medias de salvaguardia. No han sido eficaces, pero no podremos resistir sin ellas. La industria europea necesita medidas y ayudas urgentes para afrontar el reto de la descarbonización, y para competir contra otros países que no cumplen las reglas del juego”.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien ha clausurado la Junta General de Unesid no ha recogido el guante, pero sí ha aprovechado la ocasión para anunciar que el Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria de subvenciones correspondiente a 2025 para compensar los costes indirectos de emisiones de CO2, por un importe de 600 millones de euros Se trata de subvenciones dirigidas los sectores y subsectores industriales expuestos a un riesgo de ‘fuga de carbono’, algo que el sector lleva reclamando años.
