Teresa Ribera y el resto de la UE deben escuchar más a Josu Jon Imaz y Antonio Brufau (Repsol) y a Filipe Silva (Galp)
Galp se suma a Repsol en la crítica a los elevados costes del modelo de transición energética elegido por la Unión Europea. Filipe Silva, CEO de la petrolera portuguesa, ha invitado a que Bruselas repiense cómo está haciendo las cosas, subrayando que “es necesario mantener las reglas del juego equilibradas”, en la Cumbre de Energía de Lisboa.
Hace unos días, en la Junta de Accionistas de Repsol, su CEO, Josu Jon Imaz, refirió que “es ético producir el petróleo y el gas que el mundo necesita, si no se va a perder industria y niveles de bienestar” y al mismo tiempo apostar por descarbonizar. Asimismo, apuntó que si los ecologistas y los políticos “quieren ser éticos, se tienen que preocupar de los precios y de la seguridad de suministro” y no sólo de la sostenibilidad (son los tres aspectos del trilema energético). Es más, destacó que los precios de la energía no sólo han subido por la guerra de Ucrania, sino también por la sólida demanda tras el Covid y las restricciones de la oferta (en parte por la OPEP y los descensos de producción, pero también por la baja inversión debido a las limitaciones de políticas públicas).
Brufau e Imaz insisten en defender el petróleo y el gas, al tiempo que apuestan por descarbonizar, neutralidad tecnológica y tejido industrial, teniendo en cuenta todos elementos del trilema energético
Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, señaló que la transición energética supondrá mayores costes, pero el fomento de la tecnología y la innovación tendrán un papel decisivo en su reducción. Consideró que Europa debe afrontar nuevas estrategias industriales, defendiendo la neutralidad tecnológica y teniendo en cuenta el peligro de una nueva dependencia geoestratégica de China (que hace el 80-85% del tratamiento y el refino de los materiales críticos... y la mitad de la energía que usa para ello procede del carbón). Desde hace años, tanto Imaz como Brufau han dado más de una lección en política energética a Teresa Ribera y al resto de la Unión Europea: por ejemplo, en 2019, cuando Brufau le advirtió que tenía objetivos más ambiciosos que Europa y había que tener cuidado con los costes de ese ‘liderazgo’, y semanas después, acompañado de expertos, volvió a echar abajo el modelo de transición ecológica de Ribera.
Ahora, Silva se une a las críticas al afirmar que “la transición energética es un proceso costoso” que se afronta “en un momento de alta inflación, aumento de las tasas de interés, aumento del gasto militar, falta de minerales críticos”. Por ello, subrayó que “los votantes deben creer en la transición energética porque costará dinero” y que en dicho proceso “el gas natural es un combustible fundamental”, pero en Europa es “cinco veces más caro que en EEUU, y esto plantea problemas de competitividad entre geografías”, y cree “necesario mantener las reglas del juego equilibradas”.
El CEO de Galp carga contra el descenso del gas ruso, algo que considera que fue malo para el medio ambiente porque “nuestras refinerías quemaban nafta (más contaminante que el carbón) y no gas natural
El CEO de Galp ha destacado que frenar las importaciones de petróleo o gas natural de otros países “es muy caro”, no funcionan y surge el riesgo de “matar toda la capacidad industrial en Europa”. En especial, carga contra el descenso del gas ruso, algo que considera que fue malo para el medio ambiente porque “nuestras refinerías quemaban nafta (más contaminante que el carbón) y no gas natural”. Además, “nos deshicimos del gas ruso, pero teníamos opciones para el gas. Pero en el caso de los metales no hay opciones de minerales, hay una concentración” de países proveedores (destacando China), ha añadido.
Recuerden que Galp disparó el beneficio, redujo deuda y mantuvo el ebitda plano en el primer trimestre. El 58,47% de su accionariado es free float, es decir, está en manos del mercado (entre los que hay varios inversores institucionales, como dos empresas de gestión de inversiones de EEUU -en concreto, Massachusetts Financial Services Company, con entre el 5% y el 10% de los derechos de voto, y T. Rowe Price Group-, con el 4,91% de los derechos de voto-). El resto del capital se distribuye entre: un 7,61% de Parpública (vehículo para las participaciones del Estado luso) y un 33,92% de Amorim Energia, compañía que tiene su sede en Países Bajos y sus accionistas son dos empresas controladas por la familia portuguesa Amorim y otra que dirige Sonangol -la petrolera estatal de Angola-.