Decíamos que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) había denunciado seis actos de apoyo a presos etarras durante las fiestas de Navidad en País Vasco y Navarra, pero tristemente no han sido los últimos, y ha denunciado otros, ante el silencio del Gobierno central que lidera Pedro Sánchez y del Ejecutivo vasco (formado por PNV y PSOE).

No es la primera vez que la asociación de víctimas que preside Consuelo Ordóñez (hermana del concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez asesinado por la banda terrorista ETA) denuncia que la izquierda abertzale aproveche festividades para apoyar a terroristas. Recuerden que ya lo hizo el pasado verano, cuando documentó, nada más y nada menos, que 135 actos.

Ahora Covite vuelve a criticar que la izquierda abertzale “no descansa ni un solo día del año cuando se trata de exigir más impunidad para los asesinos en serie de ETA”. Y en paralelo, insiste en que los presos etarras siguen beneficiándose de terceros grados fraudulentos… de los que el Gobierno vasco no informa. Así se ha podido ver recientemente cuando la consejera de Justicia y Derechos Humanos del País Vasco, la socialista María Jesús San José, se negó a responder a una pregunta de Covite al respecto.

Ante el silencio y la impunidad del Gobierno central y del vasco, conviene tener algunos aspectos bastante presentes. Por ejemplo, que el socialista Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018 gracias al apoyo de muchos socios, entre los que están los proetarras de EH Bildu y el PNV. Ambos partidos, que ahora ya se tutean en el País Vasco, han venido apoyándole en las tres últimas legislaturas en distintas ocasiones y medidas. A todo esto se suma que, tras las últimas elecciones celebradas en el País Vaco el 21 de abril de 2024, el nacionalista vasco Imanol Pradales logró convertirse en lehendakari, con el apoyo del PSE-EE (es decir, del PSOE vasco), y este último partido y el PNV llegaron a un acuerdo para conformar el nuevo Ejecutivo vasco encabezado por Pradales y compuesto por 10 consejeros nacionalistas vascos y cinco socialistas.

Claro que el silencio e impunidad de ambos gobiernos no es lo único denunciable entre las instituciones públicas. Covite ha denunciado que el Ayuntamiento de Guernica y Luno (Vizcaya), que tiene a José María Gorroño (del partido Guztiontzako Herria -GH-) como alcalde, difundió una declaración institucional animando a asistir a movilizaciones de Sare para exigir la excarcelación de presos de la banda terrorista ETA.

En paralelo, la asociación que preside Consuelo Ordóñez ha denunciado otros seis actos en apoyo de presos etarras que se celebraron en localidades de País Vasco y Navarra. En Lezo (Guipúzcoa), hubo una concentración pidiendo la excarcelación del terrorista José Lorenzo Ayestarán «Fanekas», que fue condenado por cometer varios asesinatos o participar en los mismos entre 1979 y 1983: en concreto, por los de Antonio Recio Claver, Jesús Ignacio Velasco Zuazola, Eugenio Lázaro Valle, Avelino Palma Brioa, Ángel Prado Mella y José Luis Vázquez Plata. Además, a «Fanekas» se le atribuyen los asesinatos de Ángel Martínez Trelles y Domingo García González.

En Pamplona, se produjo una concentración en favor del preso etarra Juan Luis Rubenach, condenado a 319 años por el asesinato de Justo Oreja Pedraza y a 120 años por el asesinato de Pedro Antonio Blanco García.

En Berango (Vizcaya), hubo una concentración para pedir la excarcelación de las hermanas y etarras Lexuri e Irantzu Gallastegi. La primera fue condenada por el ataque contra el subsecretario general de Policía Científica Juan Junquera, en el que él y otras 96 personas resultaron heridas. Mientras que la segunda fue condenada por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica, José Ignacio Iruretagoyena y Manuel Zamarreño; está procesada por el asesinato de Francisco Arratibel; y participó en los asesinatos de Javier Gómez Elosegui y José Luis Caso, que a día de hoy siguen impunes.

En Hernani (Guipúzcoa), se produjo una concentración a favor de la excarcelación de los etarras Gurutz Aguirresarobe, Beñat Aguinagalde, Joanes Larretxea, Asier Eceiza y Ainhoa García, todos ellos fueron condenados por asesinato.

En Ugao-Miravalles (Vizcaya), la concentración apoyó la impunidad de los etarras Maite Pedrosa y Josu Ternera. La primera ya está en tercer grado, pese a haber sido condenada por su responsabilidad en los asesinatos de Fernando Jiménez Pascual, Miguel Ángel Ayllón, Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz.

Y en Gecho (Vizcaya), en la concentración a favor de presos etarras se exhibió al terrorista Arkaitz Goikoetxea, condenado por el asesinato de Juan Manuel Piñuel. 

Covite también ha denunciado un torneo de fútbol sala en Oñate (Guipúzcoa) donde se puso una enorme pancarta del etarra Ángel Tellería, quien asesinó a la inspectora de Policía Nacional María José García Sánchez y estuvo prófugo en México durante más de 30 años, hasta que fue detenido en 2017. 

Lamentablemente, no serán los últimos actos que denuncie Covite mientras continúa el silencio y la impunidad desde La Moncloa y desde Ajuria Enea. Además, la Fundación Fernando Buesa Blanco (la cual desde el año 2000 trabaja en homenaje al socialista asesinado por ETA que le da nombre por la deslegitimación del terrorismo, la memoria, la convivencia, los derechos humanos y la educación en valores) ha señalado que siguen insistiendo en que esos actos “siguen dañando y humillando a las víctimas de ETA y al conjunto de la sociedad” y que “la necesaria deslegitimación del terrorismo sigue aún pendiente por quienes la ejercieron y la apoyaron”. Y hay algo que nunca se puede olvidar y que forma parte de la memoria más reciente de nuestro país: la banda terrorista ETA asesinó a 856 personas.