Ante el tarifazo eléctrico, Fundación Madrina tiene una receta para bajar la luz con cinco ingredientes… y es muy probable que a Teresa Ribera no le vaya a hacer ninguna gracia. Entre sus propuestas, están: bajar impuestos y sacar costes regulados del recibo (lo mismo que le piden PP, Cs y Vox), y que en la generación se apueste más por energías más baratas como la nuclear.

Conviene recordar que los siete reactores nucleares que están operativos en nuestro país aportan una quinta parte de la generación eléctrica, pero ahora son inviables por los elevados impuestos que pagan (1.160 millones euros en 2020, lo que supuso el 62% de su facturación). Esto podría llevar a que alguno cerrara antes del calendario previsto (entre 2027 y 2035), lo que podría poner en peligro la seguridad de suministro. Pero Ribera sigue empeñada en no escuchar a la ONU, que señala que no se puede frenar el cambio climático sin la nuclear, ni a uno de nuestros lectores, que invita a optar por la nuclear para abaratar la energía, entre otros, y ahora Fundación Madrina le propone que el mix de generación incluya energías más baratas, como la nuclear que por otra parte España compra a Francia.

La mayoría de las personas vulnerables comparten vivienda y los alquileres de habitaciones podrían subir un 30%, haciendo de nuevo inaccesible la vivienda

La entidad sin ánimo de lucro también propone que haya una tarifa plana y social para familias vulnerables y que estas y las monoparentales con menores a cargo tengan un precio de la energía sin impuestos, con cancelación o moratoria de impuestos estatales en la factura. Asimismo, propone que se aumente la producción de energía nativa, como la verde y el carbón para calentar estufas en las casas.

Fundación Madrina subraya que “la factura eléctrica podría reducirse ahora un 70%, con solo la voluntad política” y que la bajada del precio de la luz no vendrá de la “ingeniería económica”. También cuestiona el bono social eléctrico, porque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no ha llegado a las familias que más lo necesitaban, y la mayoría de las personas vulnerables comparten vivienda y los alquileres de habitaciones podrían subir un 30%, haciendo de nuevo inaccesible la vivienda, “y las familias vulnerables ya no tienen dinero ni para coger el transporte urbano ni para recoger alimentos”.