Kutxabank, a través de Cajasur, se sumó el jueves a los recursos contencioso administrativo presentados por las patronales AEB y CECA ante la Audiencia Nacional. La entidad vasca, a diferencia de las patronales, sí solicitó medidas cautelares que, de ser atendidas, podrían paralizar temporalmente el pago del impuesto que, en el caso de Kutxabank, rondaría los 50 millones de euros anuales, una cantidad nada desdeñable que, según la propia entidad, impactaría en la obra social de las fundaciones bancarias que la conforman: BBK, Kutxa y Vital.

Todo esto es bello e instructivo porque quien controla Kutxabank es el PNV, pieza clave de la moción de censura que acabó con Mariano Rajoy y aupó a Pedro Sánchez a lo más alto. Nunca se lo agradeceremos bastante a Aitor Esteban y cía. El caso es que, en la votación de la tasa, en el Congreso, el PNV se abstuvo, facilitando su aprobación.

En definitiva, primero la apoyo, a pesar de que impactará en la obra social de las cajas vascas (322,7 millones de euros en 2022), y luego la recurro… porque impacta en la obra social de las cajas vascas.

Y para más inri, el dinero recaudado -unos 400 millones en dos años de bancos y energéticas- irá a las arcas públicas del Gobierno Vasco, controlado por el PNV. De hecho, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, afirmó el viernes que no sería “bueno” que tuviera que devolver el dinero recaudado y que confiaba en que los recursos no salieran adelante.