El Banco de España ha publicado hoy el estado de la deuda pública a cierre del mes de abril, cuando alcanzó los 1,663 billones de euros, un 3,5% más respecto al mismo mes del año pasado.
En relación al PIB, esa cuantía supone el 102,7%, en comparación con el 105,2% respecto a hace un año.
Por otra parte, esos 1,663 billones de euros suponen un 0,3% menos que el máximo histórico de 1,667 billones de euros alcanzó el pasado mes de marzo.
La deuda de las #AdministracionesPúblicas se situó en 1.663 miles de millones de euros, el 102,7% del PIB, en abril de 2025 https://t.co/FMFL807A2Y#bdeEstadísticas#AAPP#DeudaPública#bdePrensapic.twitter.com/CMCm1Z070s
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En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)publicó ayer un informe que vaticinaba una reducción de la deuda pública hasta el 99,1% del PIB en 2029.
Para este año, este organismo prevé una ligera reducción de la ratio en 2025, hasta el 101,6% del PIB, "por el menor impulso del crecimiento económico".
Según las proyecciones de la AIReF, sería necesario un ajuste de 3,16 puntos del PIB entre 2025 y 2040 que, "aplicado de forma progresiva y decreciente, permitiría reducir la ratio de deuda hasta el 62% del PIB en 2050, acercándola al umbral del 60% del Tratado de Maastricht".
También recordaba la AIReF que la deuda pública se situó en el 103,5% del PIB en el primer trimestre de 2025, lo que supone una reducción de 2,8 puntos respecto al mismo trimestre del año anterior, aunque España sigue siendo uno de los países con mayores niveles de deuda de la UE.
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También ayer jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendaba "los países con deuda alta y espacio fiscal limitado" -como España- unos "necesarios ajustes fiscales significativos para mitigar riesgos". En su comunicado, el organismo que dirige Kristalina Georgiana destacaba la necesidad de "garantizar una consolidación fiscal ordenada y favorable al crecimiento para abordar los riesgos específicos de cada país que es vital para preservar la sostenibilidad fiscal y gestionar las presiones de gasto asociadas con el envejecimiento (de la población) y el mayor gasto en seguridad".
Más en concreto, instaba a todos los países del euro -con la única excepción de Alemania- a lograr un superávit estructural primario del 1,4% del PIB en 2030, lo que exige "una reducción acumulada adicional del déficit de cerca de dos puntos porcentuales durante el periodo 2024-2030 en comparación con el escenario base".