La bombona de butano amarga la victoria de España en el Mundial de fútbol, pues su precio se disparará a 17,83 euros el próximo martes 21 (+15,85%)... ¿El motivo? El fin de la mayoría de medidas anticrisis que puso en marcha el Gobierno Sánchez meses atrás ante el estallido de la guerra de Irán.
La conocida como ‘energía de los pobres’, al ser la más barata dado que el cliente sólo paga por lo que consume, pasará de 15,39 euros a 17,83 euros, según avanza el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ahora nota, especialmente, el fin de la reducción temporal del IVA (que pasó del 21% al 10% entre marzo y mayo, ha vuelto a colocarse en el 21% el pasado 30 de junio) y el fuerte aumento del coste de los fletes (+51,88%). Eso sí, aún se ha podido beneficiar del nuevo descuento en el Impuesto Especial de Hidrocarburos, el descenso de la cotización de las materias primas (-33,35%) y la depreciación del euro frente al dólar (-0,32%).
Menos mal que el precio de la bombona de butano está regulado, por lo que sólo puede subir o bajar, como máximo, un 5%. Recuerden que se revisa de forma bimestral en función del coste de la materia prima (propano y butano), el coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio. A partir del martes 21, se encarecerá casi un 5%, pero si el precio no estuviera regulado y se hubieran quitado todas las medidas anticrisis, se situaría en 18 euros.
Es cierto que la bombona de butano tiene múltiples ventajas (precio, versatilidad, alto poder calorífico y fácil de mover), pero su consumo se mueve a la baja desde hace más de una década: de entre 2010 y 2021 cayó más un 25%, hasta 64,5 millones; desde 2021 ha bajado más de un 12%; y en 2025 se consumieron 57 millones. Se estima que unos 8 millones de hogares aún consumen bombona de butano en nuestro país, que supone una excepción dentro del negocio europeo de butano porque no está liberalizado sino que su precio está regulado.
En paralelo, la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP) se ha criticado que sube todo menos lo que se paga por repartir la bombona, pero se afronta un encarecimiento del transporte. También se pide que se actualicen los costes del reparto domiciliario, cuya revisión lleva suspendida desde 2020 y que el Tribunal Supremo ha obligado a realizar. Al tiempo se critica que, en el entretanto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, esté estudiando reformar el calendario de revisión del precio de la bombona de butano al día 15 de cada mes, en lugar del tercer mes, para acercar el precio final a la evolución de las cotizaciones internacionales, lo que beneficiaría al precio del producto, pero no resolvería la situación de las empresas distribuidoras.
