En este mismo periódico escribí hace muy pocos días sobre la reconstrucción nacional, hoy, desde mi modesta posición, hago un llamamiento a modo de reflexión sobre la urgencia que España tiene para acordar un futuro inmediato que ponga fin al sufrimiento que el pueblo español tiene ante la «desbocada» de un Gobierno desnortado.

Intentar a estas alturas de la legislatura convencer, o convencerse de que el Partido Popular puede ganar las elecciones por mayoría absoluta, es ir contra los datos reiterados de las encuestas y de los resultados autonómicos, al tiempo de alejarse de la posibilidad de establecer en tiempo y forma un frente nacional, que superando las legítimas diferencias entre los partidos de la oposición, puedan presentarse como alternativa real e inteligente en un programa de reconstrucción nacional que más temprano que tarde habrá que abordar, si no queremos caer en una crisis de gravísimas consecuencias para la estabilidad nacional.

El antecedente más inmediato acerca de una coalición de las derechas, lo tenemos en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), fundada en 1933 y dirigida por José María Gil-Robles. Una amplia coalición de partidos católicos y conservadores reunió a buena parte de la derecha española durante la Segunda República, es decir, en situación crítica. Su aparición supuso la organización política y electoral de unas fuerzas hasta entonces dispersas, movilizadas en defensa de la religión, la propiedad, la familia y el orden social frente al avance de la izquierda revolucionaria y al marcado laicismo republicano. Convertida en la fuerza más votada en las elecciones de noviembre de 1933, la CEDA demostró que la derecha podía alcanzar una representación decisiva mediante las urnas, aunque su exclusión inicial del Gobierno y la violenta reacción de la izquierda cuando algunos de sus ministros accedieron a él en octubre de 1934 evidenciaron los estrechos límites que una parte del republicanismo estaba dispuesta a conceder a la alternancia. 

La aparición de la CEDA en 1933 supuso la organización política y electoral de unas fuerzas hasta entonces dispersas, movilizadas en defensa de la religión, la propiedad, la familia y el orden social frente al avance de la izquierda revolucionaria y al marcado laicismo republicano

No se trata, naturalmente, de reproducir aquella experiencia ni de establecer paralelismos históricos forzados, sino de extraer una enseñanza política que conserva plena vigencia: cuando una nación afronta una situación excepcional, la dispersión de quienes comparten sus principios fundamentales únicamente beneficia a quienes pretenden transformarla de manera irreversible. La CEDA comprendió que las diferencias legítimas podían mantenerse sin impedir una respuesta electoral común. Hoy tampoco se exigiría a ningún partido que renunciara a su identidad, sino que supiera distinguir entre lo importante y lo decisivo, entre aquello que forma parte de su programa particular y aquello que afecta a la continuidad constitucional, territorial e histórica de España. 

La unidad nacional, base de nuestra unidad territorial, como otros grandes principios, no están tan alejados entre los partidos de derechas, pese a que los mantras y consignas vertidas en su momento por conveniencia política, hayan puesto en el espacio extremo a Vox. Lo cierto es que España se encuentra estresada a un límite difícil de prever su final. La invasión de Ceuta, y la persistencia en el abandono e inacción de un gobierno social-comunista no da margen ya para dilaciones, vaivenes y encuentros o desencuentros tácticos. No es soportable la degradación política e institucional que atraviesa España. Ya no constituye solamente una denuncia de la oposición: algunas de las principales cabeceras internacionales presentan al Gobierno como una estructura cercada por los escándalos, debilitada parlamentariamente y cada vez más cuestionada en su credibilidad: el Financial Times, Le Monde, The Guardian, Reuters. 

La unidad nacional, base de nuestra unidad territorial, como otros grandes principios, no están tan alejados entre los partidos de derechas, pese a que los mantras y consignas vertidas en su momento por conveniencia política, hayan puesto en el espacio extremo a Vox

Los ciudadanos tenemos un sentimiento de impotencia porque pensamos que nada podemos hacer sino esperar a una nueva convocatoria electoral. Pero para que esta de los resultados deseados, no podemos descansar en la mera idea del bipartidismo, que para bien o mal, es un ciclo superado por la Ley D’Hondt. Entretanto, hay que velar por el censo electoral, aunar las coincidencias e ideales de las derechas, y coaligarse para un pacto de investidura que permita no desperdiciar un solo voto. Y si fuera posible, atraer a la coalición a cuantos socialistas moderados y huérfanos ya de su partido, puedan interesarse en un nuevo proyecto nacional y superar la polarización que el Sanchismo ha introducido en una España pacífica.

El Partido Popular, por ser la principal fuerza de la oposición, tiene la mayor responsabilidad en esta tarea, pero no el derecho a imponerla desde la suficiencia ni a confiar en que los demás votos acabarán llegando por necesidad. Vox, por su parte, deberá decidir si antepone la afirmación completa de sus posiciones a la posibilidad real de desalojar al actual Gobierno y participar en la reconstrucción nacional. Ambos partidos están obligados a entenderse, porque sus electores ya han comprendido que ninguna querella partidista justifica prolongar una situación que consideran insoportable. La unidad no exige obediencia ni desaparición, sino grandeza, generosidad y sentido histórico. España no necesita una suma improvisada después de las elecciones, sino un compromiso anterior, reconocible y firme que devuelva a los ciudadanos la esperanza de que sus votos no volverán a perderse entre cálculos, vetos y ambiciones personales.

Hay que velar por el censo electoral, aunar las coincidencias e ideales de las derechas, y coaligarse para un pacto de investidura que permita no desperdiciar un solo voto. Y si fuera posible, atraer a la coalición a cuantos socialistas moderados y huérfanos ya de su partido, puedan interesarse en un nuevo proyecto nacional

Pero no bastaría con anunciar un pacto de investidura para después de las elecciones. Para entonces, muchos votos podrían haberse quedado sin representación por la división de las candidaturas y los efectos de la ley D’Hondt, especialmente en las provincias que eligen pocos diputados. El acuerdo debe comenzar antes de abrirse las urnas: allí donde la dispersión perjudique a ambos partidos, deberían estudiarse candidaturas conjuntas o fórmulas electorales que concentren el voto; y allí donde concurran por separado, comprometer públicamente un pacto de investidura, una acción parlamentaria coordinada y un programa mínimo de reconstrucción nacional. No se trata de confundir siglas ni de borrar diferencias, sino de impedir que estas entreguen escaños decisivos a quienes pretenden continuar el deterioro institucional de España.

¡Dios nos ayude!