Decíamos en Hispanidad que CCOO y UGT han ganado. El Salario Mínimo va a subir hasta los 1.080 euros brutos mensuales... pero también van a subir las cuotas sociales, es decir, aquello que provoca economía sumergida. Sí, hay que subir el salario mínimo, y debe subir mucho más, el problema es que el empresario no solo tiene que pagar más, sino que hay que sumar las cuotas que paga y las retenciones del IRPF que también abona (todo sale de la empresa)... y que no cobra el obrero, sino doña Yolanda Díaz y don José Luis Escrivá. 

Hay que subir el SMI pero, al mismo tiempo, para no aumentar la economía sumergida y no asfixiar a las empresas hay que suprimir las cuotas sociales. Dicho en otras palabras, que el trabajador cobre más y el Estado ingrese menos. Porque esto es lo que ocultan socialistas y podemitas: que subir el salario mínimo implica subir los impuestos laborales.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se ha limitado a no acudir a la reunión, a protestar y a dejar plantado a Sánchez en la cumbre de Rabat. Pero falta que hable más claro. 

Para ello, la Asociación Agraria - Jóvenes Agricultores, ASAJA ha emitido un comunicado advirtiendo que "el incremento de costes salariales, unido a los efectos nefastos de la reforma laboral hace caer el empleo en el campo en 86.900 trabajadores en 2022". 

"Los agricultores y ganaderos han visto incrementados sus costes de producción hasta límites de todo punto inasumibles, de ahí que el número de explotaciones que cierran cada día es alarmante". Alertan de que con esta última subida, el SMI ha aumentado 344 euros en los últimos cinco años, "con el consiguiente incremento en las bases mínimas de cotización", a lo que hay que añadir el "los incrementos de precios de prácticamente todos los bienes de producción (semillas, fertilizantes, abonos, piensos y por supuesto combustibles y energía)".

Y alertan de que el sector "atraviesa un momento crítico y se dispara el número de explotaciones agrarias que se ven abocadas al cierre".

Las consecuencias de esta nueva subida "están aún por ver pero podemos adelantar que va a tener una repercusión muy negativa en los convenios colectivos del campo que se están negociando a nivel provincial, ya que supone una intromisión del Gobierno en la independencia de la negociación a la que resta margen de maniobra a sus legítimos representantes (empresarios y trabajadores)". 

Por otra parte, ASAJA advierte al Gobierno que "este tipo de subidas reiteradas pueden conllevar otras, no tan deseadas, como son las subidas en el precio de los alimentos, algo que el propio Gobierno está intentando combatir con la reciente puesta en marcha de la bajada del IVA para algunos productos básicos de la cesta de la compra".  

Aseguran que desde 2017, el sector ha soportado una subida global del SMI del 52,60%, "sin que se hayan arbitrado compensaciones (deducciones o bonificaciones) que alivien las cargas sociales que soportan los empresarios agrarios", como han reclamada en muchas ocasiones. 

"ASAJA quiere dejar patente que no está en contra de que los trabajadores tengan un salario acorde a la realidad actual que vivimos, pero sí de que los empresarios agrarios soporten incremento tras incremento de los costes salariales (SMI, cotizaciones sociales, impuestos) sin ningún tipo de compensación o ayuda para afrontar los mismos".