El pasado lunes, se conoció que el Gobierno rebajará el IVA de la luz del 21% al 10%, como le pedían PP, Cs y Vox. A esto se sumará la suspensión del impuesto a la generación y ambas medidas serán aprobadas en un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves (en el de este martes, el tema estrella eran los indultos a los presos del procés). La primera restará 550 millones de euros a la recaudación anual de IVA y la segunda no ayudará a reducir el déficit de tarifa, que cerró 2020 en 14.294 millones.

En concreto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha detallado que la reducción del IVA de la luz supone un recorte anual de entre 1.300 y 1.100 millones, pero como se aplicará en los próximos seis meses, la reducción es de entre 550 y 650 millones, según sus primeros cálculos. La presidenta de este organismo independiente, Cristina Herrero, ha señalado que la suspensión del impuesto a la generación tendría un impacto de 1.000 millones adicionales: “Entra como ingreso pero también es un gasto que va a compensar el déficit tarifario, con lo cual la incidencia en déficit no se produciría”.

Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE), se ven las medidas como “parches” y “soluciones coyunturales”, y considera que mientras no se hagan cambios en la regulación del mercado eléctrico se verán “cada vez precios más altos”

Pero no todos están contentos. Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE), su presidente, Juan Diego Díaz, ve las medidas como “parches” y “soluciones coyunturales”, pero considera que mientras no se hagan cambios en la regulación del mercado eléctrico se verán “cada vez precios más altos”. En un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum, Díaz ha defendido el cambio de mercado si se ve que el mecanismo de fijación de precios (mecanismo marginalista) no es el adecuado, y ha invitado a hacer lo mismo si no gusta el mecanismo de emisiones de CO2. Además, ha subrayado que a la patronal eólica no le gusta el anteproyecto de ley de retribución del CO2 que supone un recorte para hidráulicas, nucleares y eólicas anteriores a 2005: “No es de justicia social”, “no tiene sentido”, “una intervención del mercado por la puerta de atrás nunca ha sido una buena idea” y “no es una buena noticia para los inversores por la imagen de inseguridad jurídica que da”.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera las medidas que aprobará el Gobierno como insuficientes y poco efectivas, pues sólo abaratarán la factura unos 9,5 euros al mes (6,5 por el abaratamiento del IVA) la factura de un usuario medio. Asimismo, la OCU también advierte que suspender el impuesto a la generación implica “dejar de ingresas unas importantes partidas” para el equilibrio de los costes del sistema. Y Facua, cómo no, rechaza que se “perdone a las eléctricas” el impuesto a la generación y no le gusta que sólo se baje el IVA durante seis meses y pide que su reducción sea permanente.