El PSOE no da tregua y abre una agenda que no invita precisamente al consenso. Comienza la andadura parlamentaria con cuatro platos fuertes porque el grupo socialista que dirige Adriana Lastra ha registrado sus primeras iniciativas legislativas, concretamente cuatro proposiciones de ley que ya impulsaron en la anterior legislatura y con las que buscan legalizar la eutanasia, ampliar la ley de Memoria Histórica, derogar el plazo máximo de instrucción de sumarios y acabar con la posibilidad de que el Senado bloquee los Presupuestos vetando el techo de gasto.

Según asegura el PSOE, se trata de "cuestiones prioritarias" para el gobierno de coalición que comparten con Unidas Podemos con vistas a esta XIV Legislatura.

Este primer paquete de iniciativas parlamentarias se completa con tres proposiciones no de ley, sobre memoria democrática, garantías educativas frente al "pin parental", y cambio climático. Todo muy progre.

Regular la eutanasia

La más polémica, la ley destinada a regular la eutanasia, se basa en un  texto similar a las iniciativas que se presentaron en el 2018 y la pasada legislatura y que no llegaron a aprobarse debido a la inestabilidad política (¿de verdad era tan malo no tener Gobierno?).

A diferencia de la actual Ley de Memoria, el texto del PSOE incluye muchas más menciones a la Administración General del Estado como responsable de la divulgación de la memoria democrática

Ya en enero de 2017, Unidas Podemos presentó una Proposición de Ley Orgánica sobre el asunto que recogía con detalle cómo sería esta práctica si el Parlamento diera el visto bueno a su aprobación, cosa que no sucedió. Menos mal.

Tras la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, el Congreso, en agosto de 2018, tomaba en consideración dos proposiciones de ley: una del Parlamento de Cataluña y otra del Grupo Parlamentario Socialista.

La iniciativa catalana proponía modificar el apartado cuatro del artículo 143 del Código Penal con el objetivo de que quedaran  exentos de responsabilidades los que, "de manera indirecta o cooperando", ayuden a morir de manera "segura, pacífica y sin dolor" a una persona que lo pida de forma "expresa, libre e inequívoca".

La propuesta socialista iba más allá y quería que la eutanasia fuera un derecho en la sanidad, tal y como se contempla ahora, que sea el paciente el que lo solicite, aunque la decisión final será del facultativo y de una comisión de evaluación.

En esta dirección se concretaba la proposición de ley que presentaba el pasado mes de septiembre el PSOE y que contó incluso con el apoyo de Ciudadanos, pero que no salió adelante por la convocatoria de elecciones.

El Grupo Socialista introdujo, en septiembre de 2018, una enmienda en la tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar la Ley de Estabilidad, que tumbó la Mesa del Congreso

La, por aquel entonces, ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo avanzó que la futura Ley de Eutanasia deberá regular el ejercicio de este derecho -sí, han leído bien: el suicidio como un derecho- como una prestación dentro del Sistema Nacional de Salud y que, para ello, era "imprescindible el compromiso y el apoyo de los profesionales que forman parte del Sistema Nacional de Salud."

En este sentido, parece que en la futura ley se pretende introducir un apartado de sanciones para el médico que se niegue a practicarla. Es decir, la inciativa legaslativa del PSOE quiere cargarse de raiz la objeción de conciencia. Se trata, en definitiva, de aprobar la eutanaisa obligatoria y gratuita en lugar de desarrollar una norma de cuidados paliativos.

Ley de Estabilidad Presupuestaria

En cuanto a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el PSOE busca que el veto del Senado a la senda del déficit no sea irreversible, sino que pueda levantarse en el Congreso. Según dice el PSOE, “esta reforma se incluye dentro de los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea, que requieren que nuestro país cuente con un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que sea ágil y adecuado a la importancia de cada órgano constitucional”.

Hay que recordar que el Gobierno del PSOE, en septiembre de 2018, ya recurrió a una maniobra legal para intentar poder aprobar los Presupuestos. El Grupo Socialista introdujo una enmienda en la tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar la Ley de Estabilidad. De este modo intentaba sortea el veto del PP en el Senado, donde contaba con mayoría absoluta. Sin embargo, la Mesa del Congreso tumbó la enmienda socialista.

El pasado otoño, el PSOE presentó una proposición de ley para regular la eutanasia, que contó incluso con el apoyo de Ciudadanos, pero que no salió adelante por la convocatoria de elecciones

Memoria Histórica y Democrática

La proposición sobre Memoria Histórica y Democrática, también registrada pero sin fuerza de ley, “pretende el reconocimiento, reparación y dignificación de la memoria de las víctimas del franquismo y la puesta en marcha de medidas como exhumaciones de fosas comunes”.

El primer artículo de la ley propuesta por el PSOE está dedicado a la búsqueda de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura y deja claro que esta labor “corresponderá a la Administración General del Estado”, sin perjuicio “de las competencias de otras administraciones”, que deberán colaborar en estas tareas.

De tal manera que, a diferencia con la actual Ley de Memoria, el texto del PSOE incluye muchas más menciones a la Administración como responsable de la divulgación de la memoria democrática, de la declaración de los denominados ‘Lugares de Memoria’ de los que tendrá que hacerse un censo.

Por ejemplo, sobre el Ducado de Franco y la medalla de 'Billy el Niño', la iniciativa contempla la supresión de los títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977 o posterior “que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura”, entre los que se incluiría el Ducado de Franco que actualmente ostentan sus herederos. También incluye la revocación de las condecoraciones policiales concedidas en el franquismo cuando quede acreditado que el beneficiario hubiese “realizado u observado conductas manifiestamente incompatibles” con la Orden del Mérito Policial o de la Guardia Civil. En este capítulo encajaría el caso del ex policía Antonio González Pacheco, conocido como ‘Billy el Niño’.

También hay cambios en el régimen sancionador vigente y, por ejemplo, rebaja de 150.000 a 100.000 euros el tope para las multas por infracciones muy graves. Entre ellas se incluye que los titulares o responsables de espacios públicos "no adopten las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización de actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra, la dictadura o el dictador". Por otra parte, mantener la simbología de exaltación de la dictadura pasará de ser una infracción leve a convertirse en una grave, que puede ser objeto de multa de entre 2.001 y 10.000 euros. 

En plata: el texto de Memoria Histórica abre la puerta a la posibilidad de que el Gobierno prohiba, por ejemplo, las misas en memoria de los mártires de la Guerra Civil y cierre el templo que las celebre. Y al párroco, multa al canto... o incluso cárcel

Consejo de la Memoria

Además de las multas podrán imponerse sanciones accesorias como el cierre entre seis meses y dos años de los locales o establecimientos públicos "donde se produzcan actos de exaltación, el comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción o la prohibición de obtener subvenciones públicas". En plata: la norma abre la puerta a la posibilidad de que el Gobierno prohiba, por ejemplo, las misas en memoria de los mártires de la Guerra Civil y cierre el templo que las celebre. Y al párroco, multa al canto... o incluso cárcel.

En anteriores iniciativas, el PSOE había incluido la creación de una Comisión de la Verdad, pero ahora se limita a proponer un Consejo de la Memoria, un órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas -todas muy progres, claro está-, que estará presidido "por el titular del ministerio competente". La iniciativa del PSOE prevé la aprobación de un real decreto que determinará el nuevo marco jurídico que ha de regir el Valle de los Caídos, la institución directora definitiva y sus bienes y, en paralelo, pone fecha de caducidad a la Fundación de la Santa Cruz del Valle.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Con la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el partido socialista asegura que “se pretende agilizar la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, así como evitar la prescripción encubierta de los delitos más complejos como son los relacionados con la corrupción”

Por último, el PSOE va un paso más allá en la polémica del llamado “pin parental” que defiende Vox y registra otra proposición no de ley sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la Constitución española y "la promoción de la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado". Una iniciativa que, aunque esté disfrazada de 'libertad de pensamiento', está destinada a limitar -o directamente eliminar- la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. 

Y todo se hará con mucho consenso. Consenso progre, naturalmente.