Ya ha comenzado la cuenta atrás para la Junta de Accionistas de Iberdrola, que se celebrará el próximo 18 de junio. Una cita que en la eléctrica nunca es baladí y en esta ocasión llega con su presidente y CEO, Ignacio S. Galán, blindado y toreando a los fondos. De hecho, ya ha obtenido la confianza del gran proxy (asesor de fondos) Glass Lewis, que recomienda a los accionistas que apoyen las 27 propuestas planteadas. No hay que olvidar que entre estos accionistas la mayoría son fondos de inversión: los principales son Qatar Investment Authority, BlackRock y Norges Bank, que junto a otros 17 suman cerca del 30% del capital.

Y esto sucede al tiempo que las últimas andanadas de la vicepresidenta Teresa Ribera (el fin de la sobrerretribución de hidráulicas y nucleares, y la nueva factura de la luz). Estas han provocado que Iberdrola cayera un 1,33% en bolsa, mucho más que Endesa (-0,09%, que el lunes se dio un batacazo del 5,7%), pero menos que Solaria (-4,58%), Siemens Gamesa (-4,19%) y Acciona (-2,18%).

Glass Lewis es una empresa estadounidense de servicios de asesoría de poder que proporciona servicios que respaldan el compromiso entre inversores institucionales y corporaciones, pero no la única. Otro gran proxy es ISS, que aún no ha emitido su recomendación, pero no se prevé que sea muy distinta de la del anterior.

Entre los accionistas de Iberdrola la mayoría son fondos de inversión: los principales (Qatar Investment Authority, BlackRock y Norges Bank) y otros 17 suman cerca del 30% del capital

La Junta de este año llega en condiciones muy distintas a las del anterior, pero seguirá siendo exclusivamente telemática. Recuerden que en 2020, Galán propuso cambios con un sólo objetivo, el de no dimitir en caso de ser imputado en el ‘caso Villarejo’, y por ello señalaba que celebrar la Junta era “una necesidad inaplazable”. Al final, Galán logró blindarse en su silla, pues los accionistas avalaron por mayoría búlgara (99,9%) un sutilísimo sistema para no tener que dimitir en caso de ser imputado: una modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales para “dar reconocimiento estatutario al Sistema de Cumplimiento y a la Unidad de Cumplimiento”, esta última está vinculada a la Comisión de Desarrollo Sostenible, la cual está ligada al Consejo de Administración. Es decir, que en caso de que Galán fuera imputado, el asunto sería revisado por la Unidad de Cumplimiento y por tanto, por parte de los consejeros.

Tampoco se hablará de la sucesión de Galán. Recuerden que fue reelegido por otros cuatro años en la Junta de 2019, donde refirió que estaba dispuesto a quedarse diez años más en la eléctrica. Galán cumplirá 71 años el próximo septiembre, pero no le gusta el modelo chairman, y a pesar de las presiones de los fondos (que quieren un CEO de verdad), les sigue toreando. Algo que ilustra bien esto es el hecho de que en la próxima Junta se propone la renovación de Francisco Martínez Córcoles como consejero ejecutivo, por tanto seguirá siendo un ejecutivo muy currante, pero sin mandar (eso es tarea de Galán).

Y el ‘caso Villarejo’ parece que tampoco supondrá ningún problema ante los accionistas. Galán se ha adelantado a la Justicia poniendo a todos los directivos de Iberdrola (incluido él mismo) a disposición del juez García-Castellón. Un asunto que como sigue abierto en los tribunales le está provocando un daño reputacional, según Iberdrola. Algo que se puede poner en cierta duda, porque ha logrado mantener unos resultados bastante decentes en la crisis del coronavirus (el año pasado, descendió en ingresos, pero el beneficio creció y la deuda bajó; y en el primer trimestre, el beneficio ha bajado un 19%, aunque ha tenido mayores ingresos y descenso de la deuda) y además, el año pasado se convirtió en la segunda empresa más capitalizada del Ibex, adelantando al Banco Santander y colocándose detrás de Inditex.