Al ser cien por cien telemática, las intervenciones de los accionistas en la Junta del BBVA, celebrada este martes, estaban limitadas a 5.000 caracteres que son, más o menos, los que caben en dos folios. Suficientes para los sindicatos, que han acaparado la mayoría del tiempo, como es habitual en las juntas del banco. En esta ocasión, además, con un despido colectivo en ciernes.

Pero antes, la referencia al anterior presidente del banco. Preguntado por los privilegios de los que sigue gozando, Carlos Torres ha asegurado que sólo mantiene uno: su seguridad personal, a la que “tiene derecho contractualmente”. Vamos, que el BBVA le sigue pagando los guardaespaldas y lo hará de por vida, lo que no deja de llamar la atención por dos motivos: FG fue presidente del banco, no un ministro del interior ni un juez que haya luchado contra las mafias ni contra el terrorismo y, segundo, porque tiene dinero de sobra para pagarse su propia seguridad. Recuerden que FG cobró los 80 millones de su pensión cuando aún era presidente del banco y lo siguió siendo durante años. Debería llegar a fin de mes sin excesivas preocupaciones.

Los sindicatos han puesto el dedo en la llaga: el banco lleva años presionando a los empleados para digitalizar a los clientes y ahora que ya están digitalizados, lo utilizan como argumento para echarlos. ¿Para qué tantos trabajadores si ya no hacen falta porque los clientes interactúan vía internet?

El descontento de los sindicatos ha quedado patente, incluso, con las cifras oficiales de clientes digitales que aporta el banco. No son del todo ciertas ya que, según ellos, se han realizado muchas ventas digitales “asistidas” desde las oficinas, principalmente de personas mayores. Lo importante era cumplir los objetivos marcados desde la cúpula.

Otra queja, esta vez calificada de “indecencia”: someter a votación el aumento del variable de la alta dirección mientras se negocia el mayor despido colectivo de la historia del banco.

Los 10.000 millones de la venta de la filial de EE.UU también han salido a escena. Hay preocupación entre los accionistas, porque utilizar ese dinero para recomprar el 10% de autocartera, según algunos, denota la ausencia de planes de futuro para la entidad.

Por último, los consejeros o, mejor, la supuesta independencia de los consejeros independientes. ¿Hasta qué punto lo es un consejero que cobra unos 300.000 euros anuales, además de un variable en acciones? La política de buen gobierno de las grandes empresas se ha basado, precisamente, en tener más consejeros independientes en el consejo de administración. Ahora bien, ¿de verdad velarán mejor que los dominicales para salvaguardar los intereses de los accionistas, teniendo en cuenta que estos últimos se están jugando su dinero?