Mario Armero está preocupado: llevamos ocho meses seguidos con caídas en las ventas de automóviles, y eso no es bueno para un país con un 10% del PIB dedicado a ese sector. Las palabras de la ministra Ribera -“el diésel tiene los días contados”- no han ayudado, ciertamente, pero no se le puede achacar a ella todo el descenso de las ventas.

Lo que está claro es que hay que tomar medidas. El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Automóviles y Camiones (Anfac) no tiene dudas y ha pedido al nuevo Gobierno que lleve a cabo una política integral para el vehículo eléctrico. “Pedimos una política transversal, una hoja de ruta a medio plazo para trabajar todos en la descarbonización”, ha señalado este martes en Santander, durante su intervención en el curso ‘Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía’, organizado por la UIMP y la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie).

Hay que pensar que, en estos días, los grandes grupos automovilísticos están decidiendo dónde fabricar los coches eléctricos

No puede ser que en España haya cinco leyes de cambio climático, 54 planes de calidad del aire y tres definiciones distintas del vehículo eléctrico: en Canarias, en Baleares y en la Península.

Para ir concretando, Armero sugiere dos medidas por encima de las demás: un IVA reducido para el coche eléctrico -habría que llevar la propuesta a Europa-, y extender a todo el país el plan de achatarramiento aprobado en Euskadi, que prevé ayudas de entre 2.000 y 3.000 euros para la compra de eléctricos.

Ese plan sería la mejor herramienta para disipar cualquier duda de cara al exterior, acerca de la apuesta española por la industria del motor. Hay que pensar que, en estos días, los grandes grupos automovilísticos están decidiendo dónde fabricar los coches eléctricos. España se ha quedado fuera de la primera ronda de decisiones de algunos fabricantes. No importa: otros sí nos han incluido y, además, estamos a tiempo de llegar a la segunda ronda con la mejor cara posible.